BOLIVIA-JUSTICIA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que se tiene previsto abrir un juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) contra los responsables de la vulneración de derechos humanos en el trópico cochabambino durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Aseveró que un equipo se encargó de
evidenciar pruebas de la vulneración a los derechos de las víctimas, por
ejemplo, el caso de Sacaba, Cochabamba, que fue escenario de represión en 2019
y otras regiones en el trópico que tuvieron que sortear la suspensión de
combustible durante abril de 2020. Como resultado de ese trabajo, se tienen
videos, audios y escritos con los que se prevé acudir a la CPI.
"Hemos trabajado en una comisión que,
antes de ser senador, hemos conformado; una comisión multidisciplinaria con
dirigentes y abogados, una comisión para investigar por nuestra parte lo que
pasó en Sacaba, y todo el trópico, los daños que causaron en el bloqueo de la
distribución de carburantes, ha sido un daño irreparable", indicó.
La Corte Penal Internacional es un tribunal
para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio,
los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto
de Roma, fue adoptado en julio de 1998.
"Entonces, estaba previsto de que la
hermana (expresidenta del Senado) Eva Copa pueda llevar ese informe a la Corte
Penal Internacional antes de que termine (su gestión), no es una investigación
así al azar", dijo Rodríguez.
Los videos, audios y escritos fueron
entregados también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene,
desde el 23 de noviembre de 2020, un equipo instalado en Bolivia para coadyuvar
en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos
humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019.
"Entonces, cada detalle que se
menciona tiene su prueba contundente, entre videos y audios, que los propios
abogados y algunos expertos, que han colaborado, han garantizado su
autenticidad", aseguró.
Según datos oficiales de la Defensoría del
Pueblo, el conflicto poselectoral en 2019 dejó en Bolivia 35 muertos, 833
heridos y 1.504 arrestos y/o aprehensiones.
"El que realmente va a determinar las
sanciones y acusaciones aquí es la justicia ordinaria, el Ministerio Publico, y
afuera es la Corte Penal Internacional", sostuvo Andrónico Rodríguez.
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