LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis
Arce, informó el lunes que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
tomó la decisión de sacar a Bolivia de la lista 'gris-oscura', que incorpora a
los países que tienen deficiencias en combatir el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.
'Este es un hito histórico para
el país, es la primera vez que la comunidad internacional, a través de esta
institución GAFI, reconoce (los avances) para normar, para regular el lavado de
dinero en Bolivia y la lucha contra el financiamiento al terrorismo', dijo.
El organismo tomó esa decisión en
la tercera reunión plenaria que se realizó la pasada semana en Oslo, Noruega.
En una conferencia de prensa,
Arce fustigó la dejadez de los gobiernos neoliberales, porque 'no hicieron
absolutamente nada para que Bolivia no esté en esta lista'.
Dijo que 'Bolivia hubiera sufrido
un bloqueo económico y financiero, dado que los países de la comunidad
internacional habrían suprimido o reducido las relaciones económicas y
financieras con nuestro país afectando el flujo de capitales y
consiguientemente la inversión extranjera'.
'A la gente le hubiera afectado
en sus transacciones (...), las remesas de los bolivianos que viven en el
exterior no hubieran llegado jamás al país y no hubieran podido realizar
ninguna transacción desde Bolivia con otros bancos o entidades financieras
internacionales. Ese era el peligro de que Bolivia esté en esta lista negra que
estábamos a punto de caer dado que no habían realizado los neoliberales una
sola tarea para sacar a Bolivia de este entuerto', añadió.
Arce explicó que el Gobierno en
los últimos años hizo importantes mejoras en su sistema legal e institucional
para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para conseguir la exclusión
del nombre de Bolivia de la lista 'gris oscura'.
En agosto de 2008, el Órgano
Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 29681, que estableció un esquema de control
sobre la internación y salida de divisas del territorio nacional y otorgó la
responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del lavado de
dinero.
En mayo de 2009, emitió el
Decreto Supremo 138, que estableció la aplicación de medidas cautelares (retención
de fondos, incautación y confiscación) sobre el patrimonio y los medios e
instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la
comisión del delito de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la
seguridad y la soberanía del estado.
En julio de 2009, mediante Ley
4072, el Estado boliviano ratificó el Memorándum de Entendimiento de
constitución del GAFISUD.
En marzo de 2010, promulgó la Ley
004, 'Marcelo Quiroga Santa Cruz', que mejora la tipificación del delito de legitimización
de ganancias ilícitas.
En mayo de 2010, puso en vigencia
la Ley 007, de modificaciones al sistema normativo penal, mediante la cual,
entre otros, modificó el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal,
otorgando facultades al fiscal para que de manera directa disponga la
aplicación de medidas cautelares de carácter real.
En noviembre de 2010, promulgó la
ley 060, que regula el funcionamiento y el control de casas de juego y juegos
de azar, que también se incluye en el marco de la lucha contra las ganancias
ilícitas.
En septiembre de 2011, con la Ley
170, el Gobierno incorporó al Código Penal las figuras penales de
financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias
ilícitas, y asignó nuevas atribuciones a la Unidad de Investigaciones
Financieras.
En julio de 2012, se promulgo la
Ley 262, que instituye un régimen especial de congelamiento de fondos y otros
activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del
terrorismo, consignadas en las listas públicas de Naciones Unidas o en los
requerimientos de países, en el marco de la cooperación internacional.
En diciembre de 2012, se emitió
la Resolución Bi ministerial 003/2012, entre los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas y de Relaciones Exteriores, mediante el cual se reglamenta el
procedimiento de congelamiento de fondos y otros activos, en el marco de la Ley
262.
La más reciente medida emitida
por el Gobierno es de abril de 2013, el Decreto Supremo 1553, mediante el cual
se introdujeron aspectos complementarios al régimen de congelamiento de fondos
de personas vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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