Por
Coco Cuba
COBIJA, BOLIVIA (ANB / ABI).- Tótem de la política exterior de Chile respecto de la secular
demanda marítima boliviana, el Tratado de que dejó mediterránea a Bolivia en
1904 pareció hacer aguas la anterior y esta semana que termina cuando los
agentes de la Aduana chilena, en huelga durante 10 días, dieron por traste el
libre tránsito de mercaderías bolivianas.
El enésimo paro en la última década de los
aduaneros chilenos opuestos a que el gobierno de la presidente Michelle
Bachelet congele la designación de más funcionarios, según acuerdos de 2015 y
2016, hizo saltar, por primera vez, el reconocimiento oficial por parte de La
Moneda de que el Tratado de 1904 sufrió una violación tras la protesta que
mantuvo varados durante 10 días en la frontera binacional al menos a 1.600
camiones con la carga ultramarina de Bolivia a bordo.
El ministro de Interiores de Chile, Mario
Fernández dijo que la protesta, extendida hasta Punta Arenas y que se enseñoreó
en la frontera con Bolivia y Perú, es decir en el puerto de Arica, vulneró el
Tratado de 1904, en base del que los gobiernos de La Moneda han rehuido
sistemáticamente la posibilidad de restaurar la calidad marítima de Bolivia,
amputada en 1879 cuando el ejército chileno invadió el entonces puerto boliviano
de Antofagasta.
Hace 138 años Chile adhirió a su soberanía
por la fuerza 400 km de costa y 120.000 km2 de territorios de desembocadura en
el Océano Pacífico, con los que Bolivia nació a la vida independiente en 1825.
"Es evidente que hay un efecto porque
el Tratado de 1904 establece el libre tránsito de mercaderías y de carga, pero
se ha visto alterado", afirmó Fernández en declaraciones al medio chileno
Tele 13.
Bolivia mueve unos 3.000 millones de
dólares año en mercaderías por Arica y por Antofagasta despacha sus
exportaciones de minerales.
La afirmación de Fernández se registra 5
años después de que el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera,
afirmara, contra viento y marea, que el Tratado se cumplía en todo su rigor,
después que el gobierno boliviano del presidente Evo Morales denunciara ante la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) la vulneración recurrente de
Tratado, en su parte neural, es decir el libre tránsito que no solo implica el
embarque y desembarque del comercio ultramarino de Bolivia, sino el
establecimiento de las condiciones mínimas para el transporte de las mismas.
Es decir carreteras transitables camino a
los puertos de Chile y flujo ferroviario.
"La República de Chile reconoce a
favor de la de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de
tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico", señala en un
aparte el Tratado de 1904, cuya intangibilidad alega Chile de manera recurrente
para desbaratar los reclamos bolivianos por una salida al Océano Pacífico
durante más de 130 años.
A la sazón y tras recorrer el ramal chileno
del ferrocarril que conecta los principales centros de Bolivia con los puertos
chilenos que sirven la carga boliviana, Arica y Antofagasta, Pinera dijo que su
país honraba en toda su extensión el Tratado de marras.
Bolivia, que denunció que el ramal
ferroviario no funcionaba y que las condiciones de la carretera, en el lado
chileno, que vincula La Paz con Arica, eran deplorables, pide a Chile un paso
soberano hacia el mar desde principios del siglo XX.
Ante la política de oídos sordos de La
Moneda y después de casi un siglo de intentar persuadir en innumerables
cabildeos de plano bilateral, Bolivia recurrió en 2013 a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya para que Chile se avenga a negociar el pedido
boliviano de buena fe y con efecto vinculante.
En el marco de la huelga de los aduaneros
chilenos, que no afectó sino marginalmente el comercio con Perú y Argentina, el
agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, denunció en su cuenta
de Twitter que "Chile no honra obligación de garantizar libre tránsito a
Bolivia".
La huelga de los aduaneros chilenos que
ellos mismos bajaron a última hora del viernes, atizó, también sin
proponérselo, la polémica que involucra a La Paz y Santiago, en la lógica de
víctima-victimario tras el encarcelamiento de 9 funcionarios bolivianos
anticontrabando detenidos en la frontera común por Carabineros de Chile.
El ministro de la Presidencia de Bolivia,
René Martínez deploró que la huelga haya dañado el comercio exterior de su país
y causado una "terrible violación" a los derechos humanos de decenas
de transportistas bolivianos que estuvieron varados en la frontera por casi dos
semanas, sin alimentos ni agua, cuyo suministro cortó Carabineros.
"Saludamos esta decisión que pone fin
a una situación de terrible violación de los derechos humanos más básicos de
nuestros compatriotas transportistas", declaró en La Paz.
La situación bilateral se inflama a menos
de 2 meses de que Chile presente ante el alto tribunal internacional la dúplica
a la réplica boliviana y se abran los alegatos orales antes de la sentencia por
la CIJ, lo más probable, el año que viene.
La huelga de aduaneros chilenos produjo una
costra en la herida abierta con el encarcelamiento de los funcionarios
bolivianos, 2 militares y 7 agentes civiles anticontrabando, sometidos a juicio
en Chile, lo que, para Morales, envuelve una gran injusticia y un abuso.
Después que la misma presidente Bachelet
acusara sin pruebas a los 9 bolivianos de intentar robarse 9 camiones en la
frontera, el 19 de marzo último, además de porte ilegal de armas e incursión no
autorizada en la frontera, la Aduana de Chile planteó, hace poco más de una
semana, un juicio a los comerciantes escuchados por Carabineros que denunciaron
ese día que los funcionarios aquellos alentaban el contrabando hacia Bolivia.
El presidente Morales afirmó que la
denuncia presentada por la Aduana de Chile contra 3 supuestos contrabandistas
de ese país, prueba la inocencia de los 9 bolivianos que arriesgan penas de
entre 9 y 15 años de cárcel.
"La denuncia de la Aduana de Chile
contra los contrabandistas de ese país prueba la inocencia de nuestros
compatriotas #LiberenALos9", escribió en su cuenta de Twitter.
La querella fue presentada por la Aduana de
Chile el 19 de mayo contra Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa,
señalados como autores, cómplices y encubridores del delito de contrabando.
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