INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa anunció con procesos penales contra los máximos ejecutivos de YPFB, Entel, Ende y BoA, debido a no atendieron requerimientos de información ni concurrieron a las convocatorias de los asambleístas que investigan el manejo irregular de las empresas públicas del Estado en el gobierno de transición.
La presidenta de la Comisión,
senadora Máxima Apaza, a tiempo de anunciar querella penal, explicó que los
presidentes de YPFB, Richard Botello, y los titulares de Boliviana de Aviación (BoA), Carlos Scott; la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco; y la Empresa
Nacional de Electricidad (Ende), José Kreidler no asistieron a las audiencias
tras reiteradas convocatorias.
En el caso particular de YPFB
dijo que éste no brindó información sobre la situación de la estatal petrolera,
a pesar de las reiteradas solicitudes para que remita documentación y asista a
la entrevista convocada por los legisladores.
Dijo que al presidente de YPFB se
le mandaron 22 notas para que remita información, pero lamentablemente tampoco
respondió y ante la convocatoria para que asista a una entrevista se excusó
refiriendo delicado estado de salud.
A fin de avanzar en el proceso de
investigación, explicó que solicitaron entrevista vía virtual, pero el que
apareció fue el vicepresidente de esa empresa sin designación previa, según una
nota de prensa oficial.
Por ese motivo, por unanimidad de
votos, los asambleístas de oficialismo y oposición rechazaron la entrevista con
el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB,
Claver Vásquez por no cumplir con el procedimiento establecido en las normas.
La senadora Apaza interpreta una
falta de respeto y voluntad del presidente de YPFB para informar sobre la
situación económica de la estatal petrolera, por lo que anunció el inicio de un
proceso penal por incumplimiento de deberes.
La comisión prevé concluir sus
entrevistas en los próximos días a otros titulares de empresas estatales y
luego comenzará a redactar su informe final que sería enviado a consideración
del pleno de la Asamblea hasta el 2 de octubre próximo.
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