“SON ACTIVOS DEL ESTADO”
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El diputado Gonzalo Barrientos sugirió al Ejecutivo acudir al mecanismo del decreto supremo para que tres medios de comunicación privados pasen al Estado porque fueron adquiridos con dineros públicos y al mismo tiempo iniciar demandas al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana porque permitió utilizar recursos estatales para fines privados.
“Se han utilizado recursos
públicos para la adquisición de algunos medios, por lo tanto, estos medios de
comunicación llegan a ser activos del Estado boliviano y lo que tendría que
hacer, el Órgano Ejecutivo, es trabajar rápidamente en una norma que puede ser
un decreto supremo para tomar posesión de estos bienes que son del Estado”,
declaró.
En días pasados el ministro de la
Presidencia Yerko Núñez denunció que el
exministro Quintana permitió utilizar 16 millones de dólares de las cuentas de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para la comprar la red de televisión
ATB y los matutinos La Razón y Extra en operaciones que son motivo de
investigación.
Palacio de Gobierno tiene
previsto hacer conocer la próxima semana las conclusiones jurídicas de un
equipo de abogados del Estado para ver la forma de recuperar esos dineros que
llegaron país entre el 2008 y 2009 bajo el rótulo de préstamo venezolano para
las obras del programa “Evo Cumple”.
El principal sospechoso
identificado por el ministro Núñez es el empresario poco conocido hasta ese
momento, Marcelo Hurtado, quien habría recibido dinero de la Embajada de
Venezuela a través de la empresa Flaba Traiding Estrategias Comunicacionales,
de donde partieron 4,5 millones a las
cuentas Grupo Prisa que tenía el paquete accionario de La Razón y Extra.
Un informe de la IUF citado por
Brújula Digital indica que 10,2
millones de dólares fueron enviados desde Flaba Traiding a las cuentas de Jordán Silva Tugues, asistente del
paraguayo-venezolano Carlos Gill para la adquisición de ATB que al final se
quedó bajo control de Marcelo Hurtado.
Desde el 2009 tanto La Razón como
ATB asumieron una línea poco crítica al gobierno socialista de Evo Morales y al
mismo tiempo recibieron millonarios pagos por concepto de publicidad estatal.
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