PAÍS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Los Tiempos).- En contacto con DTV, el vocal recordó que la etapa de preselección de candidatos está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y afirmó que el TSE realizará la convocatoria al día siguiente de que la ALP le remita la lista de postulantes.
"Si hoy día nos pasara la
ALP la lista de los preseleccionados mañana arrancaríamos con el proceso de la
convocatoria a las elecciones judiciales", aseveró.
Recordó que la etapa de
convocatoria, que está a mano del TSE, hasta la realización de las elecciones
demoraría 150 días, pero el Órgano Electoral podría acortar los plazos hasta
los 120 días.
"El Órgano Electoral está
con esta pretensión de realizar elecciones judiciales en el momento que nos
llegue esa lista de preseleccionados", insistió.
Las elecciones judiciales
sufrieron dos grandes escollos. El primero, el 12 de abril, cuando el ciudadano
Miguel Ángel Balcázar presentó un recurso ante la Sala Constitucional Primera
del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que frenó el proceso.
El segundo fue el 27 de abril,
cuando el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de
inconstitucionalidad contra la convocatoria. El TCP falló el 31 de julio y dejó
en fojas cero todo el proceso.
Ante ese panorama, el Senado
aprobó una nueva Ley de las Elecciones Judiciales; sin embargo, cuando la misma
era tratada en una Comisión de Diputados, fue derivada a consulta a diferentes
instancias, entre ellas al Tribunal Supremo de Justicia (TSE), cuya Sala Plena
la pasó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de una consulta
de constitucionalidad.
Así, finalmente, el pasado 12 de
diciembre, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que
las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se
realicen las elecciones judiciales.
El TCP también declaró
inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los
plazos, establecidos en el Proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que
había sido aprobado por el Senado y remitido a consulta por la Cámara de
Diputados.
Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según marca la Constitución.
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