LO REMITIÓ A DIPUTADOS
CHUQUISACA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en sus estaciones grande y detalle, un proyecto para que los actuales magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cesen en sus funciones el 2 de enero de 2024. El documento fue remitido a Diputados para su consideración.
La norma –propuesta por el
senador William Torrez, perteneciente al ala “evista”– fue tratada por
dispensación de trámite lo que viabilizó que pase directamente al pleno sin
ingresar previamente por una comisión legislativa.
Se trata de la “Ley de Suspensión
de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y
Tribunal Constitucional Plurinacional” hasta la posesión de las nuevas
autoridades jurisdiccionales elegida por voto popular.
El tratamiento de la ley surge
luego que en días pasados el TCP haya emitido una Declaración Constitucional
que declaró la continuidad de los actuales magistrados y consejeros del Órgano
Judicial hasta que se concreten las
elecciones judiciales.
El parágrafo I, artículo 3, del
proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Secretario General del Tribunal
Supremo de Justicia estará “a cargo de la recepción y custodia de los procesos
descritos en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la ley
número 025 el Órgano Judicial que se han remitido a competencia de este
tribunal al igual que las causas remanentes sin resolver si así existieran”.
El senador “evista” del MAS,
Miguel Rejas, informó que el proyecto de ley aprobado este lunes busca darle
“certidumbre” al país para que se pueda garantizar que los actuales magistrados
dejen sus funciones desde el próximo año.
“Nosotros hemos visto que es un
atropelló a la Constitución, pero más que todo, a la democracia porque ustedes
saben muy bien todos entramos por el voto popular y no puede ser, pues, que nos
autoprorroguemos y seamos juez y parte en todos estos casos”, afirmó.
La norma además establece que el
Órgano Judicial “continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en
cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual
vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional, ejercida mediante
los tribunales departamentales de justicia en todas sus salas, incluidas las
constitucionales, juzgados, tribunales de sentencia y juzgado agroambiental”.
La senadora “arcista”, Ana María
Castillo, expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado y lo tildó como
“irresponsable” y advirtió que podría ser inconstitucional al quitar
atribuciones a los magistrados y otorgar otras funciones a los secretario
generales. //agc
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