CASO POR ABANDONO DE
FUNCIONES
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Mientras
el juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1º Gary
Bracamonte dispuso la ampliación por 40 días hábiles más la detención
preventiva del gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu, por presunto abandono
de funciones, el abogado denunciante anticipó que en ese lapso activará dos
nuevas denuncias para que la autoridad departamental continúe bajo
investigación.
El pasado viernes 6 de marzo,
Urquizu cumplía tres meses de detención y tenía previsto salir de la detención
preventiva por cumplimiento de plazo procesal. Sin embargo a solicitud de la
Fiscalía, el juez otorgó nuevo plazo para que los testigos declaren, se realice
una audiencia ocular y se proceda a la apertura de evidencias registradas en
las cámaras de seguridad.
El abogado demandante Luis Ayllón
dijo que la determinación es "totalmente correcta", más aún si el
Gobernador tiene posibilidades de influir en el desarrollo de las
investigaciones en torno al presunto abandono de funciones durante los días de
crisis política y social después de las elecciones del 20 de octubre de 2019,
cuando en medio de la revuelta popular, la autoridad departamental desapareció
de escena.
Ayllón considera que Urquizu
puede librarse del proceso, si presenta renuncia irrevocable al cargo de
Gobernador al que fue reelecto el 2015 en medio de varias irregularidades y
denuncias de fraude electoral, al haber
sido habilitado a una segunda vuelta anulando varias mesas de su oponente
ganador Damián Condori.
Explicó que precisamente una de
las nuevas denuncias será por fraude electoral en las elecciones subnacionales,
lo que también arrastraría a los vocales del Tribunal Departamental Electoral
de 2015. El segundo proceso sería por enriquecimiento ilícito de Urquizu y sus
familiares, aunque no explicó el alcance de este último caso.
Indicó que estas acciones no
hubieran sido posible, si el MAS continuaba controlando la justicia, aspecto
totalmente diferente en la coyuntura política donde se respetan algunos
principios constitucionales y la figura que los delitos cometidos en el
ejercicio de la función pública son imprescriptibles.
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