OBSERVADA POR GREMIALES
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La sentencia sobre la norma observada por gremiales y empresarios en su momento fue notificada casi cuatro meses después.
El
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad de
los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de
Presupuesto General del Estado Gestión 2025, Ley 1613, del 1 de enero de este
año, que faculta a confiscar y decomisar productos a comercializadores de
alimentos que almacenan o retengan mercancías con el fin de encarecer los
precios.
La
sentencia constitucional 0017/2025, del 23 de mayo, que fue notificada casi
cuatro meses después, responde a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta
interpuesta por el diputado Miguel Antonio Roca, el 6 de marzo de este año;
demandaba la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
del Presupuesto General del Estado por ser presuntamente contraria a varios
artículos de la Constitución Política del Estado y la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos (CADH).
Desde
la admisión de este recurso, el 17 de marzo, el TCP dispuso la suspensión
provisional de la aplicación de esta normativa mientras se emitiera la
sentencia constitucional.
La
sentencia 0017/2025, teniendo como relator al magistrado Boris Arias, resuelve
declarar la inconstitucionalidad de los parágrafos I y II de la Disposición
Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025. El fallo
tiene los votos disidentes de los magistrados Gonzalo Hurtado (Presidente) y
Julia Elizabeth Cornejo; y el voto aclaratorio de René Yván Espada y Karem
Lorena Gallardo.
El
TCP considera que la norma impugnada, al incorporar disposiciones ajenas a la
naturaleza específica de la normativa, cuyo carácter es temporal y limitado a
un ejercicio fiscal, lesiona el artículo 321.III de la Constitución Política
del Estado, por lo que el parágrafo I de la Disposición Séptima de la citada
ley es inconstitucional.
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