EMITEN COMUNICADO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Las empresas concesionarias de vehículos, asociadas a la Cámara Automotor Boliviana (CAB), expresó este martes su "profunda preocupación y firme rechazo" ante las propuestas electorales que plantean una nueva nacionalización de vehículos indocumentados, comúnmente conocidos como "chutos", por considerar que vulneran el Estado de Derecho, fomentan la ilegalidad y afectan gravemente a la economía formal del país.
En
un comunicado oficial, la CAB denunció
que la legalización de vehículos ingresados al país de manera ilegal
"premia el contrabando", castiga al sector formal y desalienta la inversión.
“Legalizar
lo ilegal es inaceptable. Este tipo de medidas vulneran normas vigentes como la
Ley 133, que estableció de forma explícita que la nacionalización de autos
indocumentados sería por única vez”, señala la entidad en el documento.
La
Cámara advirtió que una eventual nacionalización de chutos tendría impactos
negativos a varios niveles. En lo urbano, alertó que incrementará la congestión
vehicular en ciudades donde el parque automotor ya está colapsado, mientras que
en términos energéticos, presionará aún más la demanda de combustibles,
especialmente diésel y gasolina importados.
“Esto
supondría altos costos para el Tesoro General de la Nación, dado el creciente
gasto en divisas para la importación de carburantes”, añade el comunicado.
La
CAB también alertó sobre posibles vínculos de estos vehículos con delitos
transnacionales como el robo de autos en países vecinos y el lavado de dinero.
Además, advirtió que muchos de estos motorizados no cumplen con estándares
técnicos ni ambientales mínimos, lo que genera un impacto negativo en el medio
ambiente.
“Estos
vehículos son, en su mayoría, desechados en sus países de origen. Ingresarlos a
Bolivia implica aceptar residuos automotores con altos niveles de
contaminación”, señaló la entidad.
En
su pronunciamiento, la Cámara Automotor exhortó al Gobierno y a las
instituciones competentes a reforzar con urgencia los controles fronterizos
mediante la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de frenar el
ingreso masivo y descontrolado de vehículos ilegales.
La
CAB finalizó su declaración reafirmando su compromiso con la legalidad, la
igualdad tributaria y la generación de empleo formal. "Defender al sector
automotor legal es defender el desarrollo económico y social del país",
concluyó.
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