PANORAMA INCIERTO
Kathia Saucedo, especialista en
Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penal, sostiene que hay una
evidente falta de voluntad para llevar a cabo las elecciones judiciales por
voto popular durante el presente año. La abogada destaca la facilidad con la
que se puede detener un proceso electoral y señala al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) como un actor clave en este escenario lleno de
incertidumbre.
"Parar una elección es
fácil", declara Saucedo, resaltando la inapelabilidad de las decisiones
del TCP, lo que agrega una capa de complejidad al proceso. La abogada aboga por
devolver el control al ciudadano mediante una consulta o referéndum, proponiendo
preguntar al pueblo si desea que los magistrados del TCP se mantengan en un
mandato auto prorrogado.
En su propuesta, Saucedo destaca
la importancia de incluir "preguntas esenciales para la reforma
judicial", como la propuesta del 3% para la administración judicial,
buscando garantizar la independencia económica. Asimismo, aboga por la creación
de una instancia autónoma, idónea y técnica para la preselección de candidatos,
a través de una Comisión Nacional de Postulaciones.
Carlos Alarcón Mondonio, abogado
y diputado, comparte la inquietud de Saucedo y expresa dudas acerca de que las
elecciones judiciales se lleven a cabo en 2024. Alarcón sugiere que todo está
dispuesto para una autoprórroga indefinida y prolongada del mandato de las
actuales autoridades judiciales, destacando que el gobierno prefiere tener
"marionetas" dispuestas a cargar con el costo político.
Alarcón argumenta que las
observaciones realizadas por el TCP, especialmente aquellas realizadas por
"goteo", evidencian una falta de interés real en llevar adelante las
elecciones judiciales. Hace referencia a las observaciones a los dos tercios y
a los plazos, generando un escenario desfavorable para el desarrollo del
proceso electoral.
Desde enero de 2024, rige la
prórroga de mandato de los 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP), según lo dispuesto por el TCP el pasado 12
de diciembre. Esta medida excepcional se tomó debido al retraso de las
elecciones judiciales, inicialmente programadas para 2023, pero declaradas
inconstitucionales por el TCP debido a varias leyes aprobadas en el
Legislativo.
La incertidumbre sobre el futuro
de las elecciones judiciales previstas para 2024 plantea serias interrogantes
sobre la estabilidad y legitimidad del sistema judicial en el país.
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