LA PAZ, BOLIVIA (ANB / El Deber).- El
ministerio de la Presidencia señala que esta ley estaba basada en normas
bolivianas que están vigentes.
Ante las manifestaciones contrarias al Decreto
Supremo 4078, que exime de responsabilidad penal a las FFAA en los operativos
que realiza en conjunto con la Policía para frenar la violencia, el Gobierno ratifica
lo establecido en leyes que están vigentes. Asegura que el objetivo es
disuadir a los grupos violentos.
El tercer artículo de este decreto ha provocado
una manifestación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
en las redes sociales porque en su artículo tercero señala que las FFAA estarán
“exentas de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones
constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
“De manera distorsionada se dice que es una
licencia para matar. Este decreto tiene una base legal en la Constitución y
la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, manifestó Jerjes Justiniano,
ministro de la Presidencia.
Además, Justiniano agregó que la legítima defensa ya está establecida en el Código Penal.
“Es un decreto disuasivo porque se trata de
evitar la confrontación y más muertes. Lo que se busca es restablecer la paz
social en Bolivia”, reiteró.
Justiniano justificó la decisión tomada por el
Gobierno de Áñez para que las FFAA salgan a las calles, porque la Policía
manifestó en días pasados que fue rebasada por los grupos violentos que se
enfrentaban en las calles.
Además, manifestó que no cree que la CIDH se
haya pronunciado de manera específica sobre el Decreto Supremo 4078, porque
hace más de 20 meses se le consultó si la repostulación de Evo Morales a las
Elecciones Generales era un derecho humano y aún no se ha recibido respuesta.
Con la renuncia a la Presidencia de Evo Morales,
grupos que se oponen a esa dimisión provocaron hechos de violencia en
diferentes puntos del país, logrando incluso rebasar la capacidad de la
Policia. Debido a esta situación, la presidenta Áñez pidió hace unos días a
las FFAA coordinar operativos con la Policía y lo ratificó con el Decreto
Supremo 4078.
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