MONITOREA LA SITUACIÓN
PANDO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Ante las situaciones de conflictividad social que se vienen registrando en distintos puntos del país, como consecuencia de Decreto Supremo 5503, la Defensoría del Pueblo consideró imprescindible que las diferencias y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad sean abordadas y encauzada a través del diálogo.
Mediante
un pronunciamiento, consideró fundamental la predisposición y apertura de los
distintos sectores sociales, así como una gestión responsable y oportuna de la
conflictividad por parte de las autoridades de los niveles nacional,
departamental y municipal, orientada a prevenir la escalada de tensiones,
reducir riesgos de violencia y generar certidumbre en la población.
La
Defensoría del Pueblo recordó que las manifestaciones de protesta constituyen
una expresión que “nace del derecho a la libertad de expresión, reunión y
asociación, reconocidos por la Constitución Política del Estado y los
instrumentos internacionales de derechos humanos”.
No
obstante, consideró que dichas manifestaciones deben desarrollarse de manera
pacífica, sin afectar derechos de terceras personas, garantizando en todo
momento el libre tránsito de ambulancias, el acceso a servicios de emergencia y
el abastecimiento regular de alimentos y bienes esenciales, conforme a los
parámetros internacionales.
Asimismo,
señaló que toda intervención estatal destinada a resguardar el orden público
debe observar “estrictamente los principios de legalidad, necesidad y
proporcionalidad”, asegurando que el uso de la fuerza, de ser requerido, sea
excepcional, diferenciado y respetuoso de los derechos humanos.
La
Defensoría del Pueblo anunció que continuará realizando un monitoreo
“permanente y preventivo” de las distintas expresiones de conflictividad
social, con el objetivo de identificar riesgos, promover acercamientos entre
las partes y contribuir a la generación de condiciones favorables para el
diálogo.
Además
reafirmó su disposición institucional para coadyuvar en la facilitación de
espacios de diálogo, en el ámbito de sus competencias, como parte de su
compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la
solución democrática de los conflictos. ///
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