TIENE TRES PILARES
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este martes la propuesta “Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos”, un planteamiento estructurado sobre tres pilares orientados a fortalecer la independencia judicial, modernizar el sistema y garantizar el acceso efectivo a la justicia para toda la población.
“Hoy
presentamos un nuevo desafío para la reforma judicial en nuestro país. Un
sistema justo y transparente para todas y todos”, señaló Callisaya durante una
conferencia de prensa, al explicar que la iniciativa se fundamenta en
independencia y transparencia judicial, reformas normativas urgentes y
modernización tecnológica, integrando además un enfoque de interculturalidad y
diversidad.
Según
detalló el Defensor, el primer pilar busca asegurar la independencia y
transparencia del sistema mediante la meritocracia, una carrera judicial sólida
y mecanismos claros para la selección de altas autoridades.
El
segundo pilar plantea reformas normativas impostergables, entre ellas la
actualización de leyes obsoletas y la revisión de prácticas que vulneran
derechos, como la Ley General del Trabajo —vigente desde 1942—, así como la
creación de un Código Procesal Administrativo que regule con mayor claridad la
actuación estatal.
El
tercer pilar propone la incorporación de herramientas tecnológicas para
agilizar trámites, reducir discrecionalidades y eliminar barreras en el acceso
a la justicia, garantizando que la tecnología complemente y no reemplace el
criterio humano.
Callisaya
subrayó que la reforma debe partir del reconocimiento del carácter
plurinacional del Estado y de la necesidad de respetar los diversos sistemas de
vida, garantizando la participación de los pueblos indígenas en el diseño y
aplicación de la transformación judicial, además del respeto a la justicia
indígena originaria campesina.
La
propuesta responde, según explicó, a las numerosas denuncias que recibe la
institución defensorial relacionadas con vulneraciones al debido proceso,
discriminación y dificultades en el acceso a la justicia. También se enmarca en
observaciones previas del GIEI, la CIDH y el relator especial Diego
García-Sayán, quienes han alertado sobre la falta de independencia judicial, el
abuso de la detención preventiva, la politización del sistema, la precariedad
presupuestaria y la existencia de jueces transitorios.
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