LA MINERÍA, PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO Y GENERADOR DE DIVISAS, RELEGADA EN LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Liliana Carrillo V./ Erbol).- Por un lado, una ventana única de oportunidad por los altos precios de los minerales que Bolivia posee; por el otro, crecimiento de la minería ilegal, falta de incentivo a las inversiones privadas, incumplimiento de normativas ambientales y conflictos sociales ante el debilitamiento de las entidades estatales y el crecimiento desmedido de las cooperativas que gozan de ventajas frente a la minería estatal y privada.  “La minería boliviana se encuentra en una encrucijada que podría definir el futuro económico del país”, coinciden expertos.

En este panorama, los retos que enfrentan los candidatos a la presidencia no son pocos en materia de minería, el principal aportante de divisas al país (el 52% del total de las exportaciones de Bolivia proviene del sector minero, según el Instituto Nacional de Estadísticas). No obstante, las propuestas de los programas de gobierno en el tema son generales y, en algunos casos, inexistentes.

Erbol analizó los programas de gobierno de todas las siglas en carrera electoral por la presidencia y para ahondar en las propuestas envió cuestionarios con preguntas específicas a todos los partidos. Sólo tres respondieron ¿Falta de tiempo por los trajines de campaña o ausencia de planes concretos?

El material fue sometido al análisis del experto en temas mineros Jaime Cuellar quien, tras examinar punto por punto cada plan, concluye: “Ninguna de las propuestas programáticas de los partidos analizados presenta un enfoque integral, técnico o institucionalmente sólido para enfrentar los desafíos estructurales del sector”.

Las propuestas electorales develan coincidencias en objetivos como proteger el medio ambiente y las comunidades, incentivar la inversión privada, industrializar la actividad y arrancar con la explotación de litio; sin embargo pocas desarrollan las estrategias para lograr esos objetivos. Hay coincidencias también en el propósito de reformar la Ley minera y las instituciones estatales llamadas a hacerla cumplir.

 

La situación de las cooperativas mineras —beneficiadas con impuestos mínimos y apuntadas por contaminación, informalidad y violencia — en general se aborda con guante blanco.  Varios partidos han recibido apoyo de diversas asociaciones de cooperativistas que, en algunos casos, son las mismas.

 

Resumimos los puntos principales de los planes sobre minería. Las propuestas completas y el análisis de las mismas se presentan en las infografías de este reportaje.

 

Minería estatal: del rescate de COMIBOL a la creación de nuevas empresas

 

La minería estatal representa un 6,1% de la producción total del país y contribuye con un 1,5% de los impuestos generados por el sector, de acuerdo a datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del INE. El estatal es el actor minero más pequeño (frente a cooperativistas y privados) y enfrenta la necesidad de modernización tecnológica y de gestión.

Para este sector, Unidad de Samuel Doria Medina plantea “la recuperación de la COMIBOL y de las compañías públicas que tengan utilidad social y potencial económico, como Huanuni y Vinto”.  Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa, apunta a redefinir el rol de la empresa estatal “para actuar en alianzas estratégicas y se evaluará su eficiencia”.

 

Libertad y Progreso- ADN, que postula a Pavel Aracena, plantea “reforzar la gobernanza corporativa de COMIBOL, transformándola en una verdadera empresa estatal, centrada en la exploración de nuevos yacimientos, alianza público-privada y transferencia de tecnología para EDL (extracción directa de litio)”.

 

Mientras que Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez como presidente, propone la creación de la Nueva Empresa Estatal Estratégica de Minería y Metalúrgica (EEMM), “una entidad autárquica, con sede en Potosí u Oruro, que dirija toda la cadena minera del Estado: desde la prospección hasta la comercialización, en coordinación con COMIBOL, ENAF y YLB”.

Minería privada: el reto de atraer inversiones

 

El 77% de la recaudación minera de Bolivia (regalías, patentes e impuestos) es generada por actores mineros privados. De acuerdo a datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del INE, el sector privado genera el 35,1% de la producción y aporta el 98,3% de los impuestos. Desde 2023, sin embargo, no se registra ninguna inversión privada minera en Bolivia.

 

En este contexto, la mayoría de los planes de gobierno coinciden en la necesidad de atraer inversiones privadas para reactivar la minería. Unidad propone la creación de leyes específicas para el oro y el litio con el objetivo de “incentivar a empresas extranjeras a invertir en la exploración, explotación y refinación de los minerales”. 

 

Súmate asegura que con los actores privados “se garantizará seguridad jurídica, alivios tributarios e incentivos a la inversión y a la industrialización con valor agregado”. El Partido Demócrata Cristiano-PDC, que postula a Rodrigo Paz, apunta al “fortalecimiento del marco normativo y seguridad jurídica para la inversión minera”. Mientras, ADN propone incentivos para la inversión privada y tratamiento a empresas establecidas mediante “un marco jurídico claro, instituciones reforzadas e incentivos fiscales”.

 

Por su parte, Libre plantea “atraer inversiones nacionales y extranjeras y garantizar seguridad jurídica, con acuerdos de protección de inversiones con organismos multilaterales”.

A contracorriente, Alianza Popular no refiere ninguna estrategia específica para los actores privados, pero en el diagnostico de su programa sostiene: “la minería privada mantiene márgenes de ganancia desproporcionados en relación con su aporte al país”.

 

Cooperativas mineras: mucho apoyo, poco impuesto

 

En el país operan 2.300 cooperativas que registran más de 130.000 socios en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomín). De éstas, aproximadamente el 70 % son auríferas, están concentradas en La Paz y cubren el 99 % del oro que se produce en Bolivia. En conjunto, las cooperativas generan el 58,1% de la producción minera del país y aportan el 0,2% de los impuestos, según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del INE.

 

Representantes del sector cooperativista han sido ministros y titulares de otras entidades estatales mineras durante 18 años en los gobiernos del MAS. Sobre las cooperativas pesan denuncias de incumplimiento de normas ambientales, explotación laboral y avasallamiento a las comunidades. Sólo en el último año, enfrentamientos entre cooperativistas por concesiones han dejado diez muertos y decenas de heridos de bala.

 

La minería cooperativizada es un tema pendiente, no obstante, es abordado tangencialmente en los programas electorales. Unidad plantea el “fortalecimiento de las Cooperativas Mineras y las condiciones de inversión (pequeña, mediana y gran minería) con seguridad jurídica, eficiencia

 

económica, tecnología y acuerdos ambientales y sociales”. Apunta a una Ley específica del oro. Sobre la desigualdad impositiva no hay mención.

 

Por su parte, Libre plantea “apoyar a las cooperativas” y sobre los impuestos: “Se debe contar con un sistema impositivo competitivo internacionalmente, que sea simple y transparente y que varíe en función al precio internacional del respectivo mineral”. El PDC propone la “promoción de la minería responsable y formalización de cooperativas”.

Súmate plantea para las cooperativas “impulsar su formalización, acceso a financiamiento productivo y asistencia técnica, en el marco normativo ambiental y laboral”. Sobre la desigualdad impositiva, “una reforma consensuada del nuevo Código Minero y un sistema tributario competitivo con incentivos fiscales (cuyos porcentajes se encuentran bajo estudio). Se reconoce que el actual régimen es inequitativo y se plantea corregirlo fomentando la formalización y estableciendo regalías claras para atraer inversión sin evadir responsabilidades tributarias”.

 

Alianza Popular plantea en su programa “regular y fiscalizar las cooperativas mineras para que cumplan con estándares ambientales, seguridad laboral y tributarios. Promover su reconversión hacia empresas comunitarias que participen en la industrialización”.

 

ADN propone para las cooperativas: “formalización y modernización administrativa y técnica, convirtiendo unidades productivas informales en cooperativas competitivas, con acceso a financiamiento y capacitación en seguridad y gestión ambiental”. Además, “régimen especial impositivo (RE-IUE) que permita un pago único del 4,8 % sobre ventas brutas, sin exención de regalías, y 5 % de las regalías para proyectos comunitarios de desarrollo rural y ambiental”.

 

La apuesta de todos por el litio

 

Bolivia posee 23 millones de toneladas de recursos de litio, posicionándose como una potencia mundial en este mineral estratégico. Sin embargo, su industrialización enfrenta obstáculos relacionados con la tecnología, la transparencia y el impacto ambiental. El gobierno de Luis Arce ha firmado contratos con empresas chinas y rusas en miras a la industrialización.

Unidad propone “una auditoría integral del proyecto del litio ejecutado por el MAS y las inversiones perdidas”. Apunta a una Ley de Litio y a la implementación de Consejos Técnicos del Litio (integrados por expertos potosinos, orureños y del país, con el apoyo de consultores internacionales). “Desarrollaremos el litio de manera estratégica e inteligente, y atraeremos las inversiones necesarias para empezar a producirlo, así como sus derivados con valor agregado”, dice en su programa.

 

Libre plantea auditar los contratos con las empresas rusa y china. “Atraer empresas internacionales regulando la renta minera (regalías e impuestos) para competir con países vecinos y garantizando la provisión de energía y agua en planta”. Súmate propone una Ley Marco del Litio que defina regalías entre otros aspectos esenciales. “Se proponen procesos mineros con tecnología, contratos tipo offtake (venta anticipada) para atraer liquidez y desarrollo de cadenas de valor en transición energética”.

 

ADN apunta a una Ley de Fomento al Litio y un Fondo Nacional del Litio Arranque de la explotación del litio; además de la “aprobación inmediata de contratos de CBC, Uranium One y otros socios (ACISA, Cetic, Tecpetrol) en Asamblea Legislativa, con debate nominal y público revirtiendo suspensiones judiciales provisionales” y la implementación de plantas piloto EDL en Uyuni y Coipasa. Mientras Alianza popular plantea crear una planta estatal de litio e “incluir procesos de transición de baterías, componentes electrónicos y materiales para energías renovables”.

“Sin reforma minera profunda, el país no sólo perderá su riqueza: perderá su futuro”

 

Jaime Cuellar*

 

La minería boliviana se encuentra en un momento histórico de alta tensión entre el colapso y la transformación. A pesar de contar con reservas estratégicas de oro, tierras raras y minerales críticos que podrían reposicionar al país en la economía global, la ausencia de una visión de Estado y de una política pública articulada ha permitido que florezca un modelo dual y descontrolado: una minería formal débilmente regulada y una minería ilegal cada vez más consolidada, violenta y depredadora. Este escenario no solo debilita la soberanía económica del país, sino que profundiza la devastación ambiental, vulnera derechos humanos colectivos e incrementa la presencia de estructuras criminales que actúan con total impunidad, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Frente a este panorama, los partidos políticos bolivianos han demostrado una alarmante ceguera estratégica.

 

Ninguna de las propuestas programáticas de los partidos analizados presenta un enfoque integral, técnico o institucionalmente sólido para enfrentar los desafíos estructurales del sector. La minería ilegal, principal amenaza ambiental y de seguridad para el Estado, es mencionada solo de manera tangencial, sin que se propongan medidas de interdicción, reformas normativas o dispositivos de control territorial. De igual modo, la trazabilidad del oro (elemento clave para combatir el contrabando, el lavado de activos y la pérdida de recursos fiscales) está completamente ausente de los programas, a pesar de que Bolivia exporta grandes volúmenes sin verificación de origen, sin certificación ambiental y sin fiscalización efectiva. La comercialización de minerales sigue operando en la opacidad, sin sistemas integrados, sin auditoría de flujos financieros y sin reglas claras para los actores involucrados.

 

El discurso sobre atracción de inversiones y seguridad jurídica también se queda en el vacío, al no plantearse ningún rediseño legislativo serio que armonice los derechos del Estado, de los pueblos indígenas y de los inversionistas. Se omite la reforma de la Ley 535, la necesidad de un Código de Minería moderno o un marco regulatorio específico para los minerales estratégicos del siglo XXI. Pero quizás la omisión más escandalosa es la absoluta indiferencia frente al colapso ambiental en curso: la contaminación por mercurio en la Amazonía, el desplazamiento de comunidades indígenas, la ausencia de planes de remediación y la persecución sistemática a defensores ambientales no aparecen en ninguna plataforma política. Esta negligencia política configura un abandono institucional de los territorios y de las personas más vulnerables del país.

 

Bolivia no puede seguir repitiendo los errores del pasado ni postergando la transformación del sector más importante de su economía. Frente a una crisis económica ascendente y una creciente presión internacional por minerales sostenibles y trazables, el país necesita una nueva arquitectura institucional minera, basada en el control soberano, la sostenibilidad ambiental, la tecnología aplicada y la justicia social. Urge crear un sistema nacional de trazabilidad del oro y los minerales críticos, enfrentar frontalmente la minería ilegal, reestructurar el régimen cooperativista minero y lanzar una política estratégica de tierras raras como vector de desarrollo e industrialización. La minería puede y debe ser la respuesta a la crisis, pero solo si el Estado recupera el control, rompe con el clientelismo extractivista y establece una hoja de ruta con visión, ley y capacidad real de transformación. Sin reforma profunda, el país no solo perderá su riqueza: perderá su futuro.

 

* Abogado experto en minería.