EN TARIJA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El expresidente Evo Morales enfrentaba una orden de aprehensión por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, activada por el Ministerio Público de Tarija, sin embargo, horas después, fue desactivada mediante una acción de libertad y luego por presuntas ordenes desde la Fiscalía General del Estado.
El
caso se encontraba en etapa preliminar y la víctima era una adolescente de 15
años de edad de una provincia tarijeña, informó la fiscal departamental, Sandra
Gutiérrez, quien incluso dijo que ya se había conformado una comisión de
fiscales para que comience la investigación y se ejecute la orden de captura
contra el exmandatario.
Sin
embargo, una acción de libertad instaurada en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra dejó sin efecto el procedimiento y, luego, se emitió un instructivo
desde Sucre donde el fiscal general Juan Lanchipa ordenó “dejar el caso” porque
la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil se haría
cargo de la investigación, indicó Gutiérrez.
Según
Gutiérrez, en el documento se le instruyó, además de colaborar con el caso
“dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga el presente
instructivo”, es decir, que disuelva la comisión que ya había designado.
“Si
no daba cumplimiento (al instructivo) ya me ha amenazado que se me venían
procesos penales, disciplinarios, como así mismo ya han arremetido contra mí
persona y se me ha aperturado procesos disciplinarios”, denunció.
Gutiérrez
también cuestionó que Lanchipa haya impedido supuestamente el desarrollo de la
investigación bajo su jurisdicción en Tarija al emitir el instructivo donde le
ordena disolver la comisión de fiscales.
“(La
Fiscalía General) ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar
absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante”,
fustigó.
Desde
la capital cruceña, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que,
tras la marcha de pasados días a la sede de gobierno, comenzó una “sañuda
persecución” judicial contra el exmandatario en diferentes regiones del país.
Mencionó,
entre los casos, uno en El Alto por instigación pública delinquir, impulsado
por Melania Torrico, otro por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
por daño económico al Estado tras la marcha hacia La Paz y otra de Tarija, con
orden de aprehensión, por estupro y trata y tráfico de personas abierto el 26
de septiembre.
Romero
calificó como los procesos penales contra Morales como “arbitrarios” por el
hecho de haber protagonizado una movilización reclamando demandas económicas
por la crisis de combustible y dólares. //agc
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