ANALISTA POLÍTICO: EL ESTADO NO PUEDE SER PROMOTOR DEL “ASESINATO JUDICIAL”

FALTA UNA POLÍTICA CRIMINAL

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- “La falta de una política criminal del Estado es uno de los pilares que sostiene a una justicia corrupta administradora del delito como principal fuente de ingreso de dineros mal habidos para sus operadores”, dijo este domingo el analista cruceño y abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz, a propósito de la polémica que desató la muerte del exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo.

 

Aramayo murió el pasado 19 de abril en un hospital municipal de La Paz, a donde llegó con la salud totalmente complicada a consecuencia de los siete años de detención preventiva y los 250 juicios que le abrió el mismo gobierno hasta invertir los papeles y convertirlo de denunciante a denunciado por casos de corrupción en el exFondioc.

 

Sostuvo que cuando, hay casos como este y muchos otros que en el país pierden la vida por la mala administración de la justicia, es cuando la sociedad debe exigir al Estado que proteja la vida y “no fomente el asesinato judicial”.

 

Ruiz considera que el actuar de la administración de la justicia debe ser tratado con emergencia para que retorne a la concepción constitucional del Estado de Derecho, porque permitir que se siga judicializando casos de naturaleza política, es admitir la aplicación de una condena anticipada de muerte.

 

“Así ocurre y ocurrió con la instrumentalización de la condena anticipada a través de las detenciones preventivas como regla y no como excepción a la regla”, declaró a Erbol al cuestionar la labor de la autoridad jurisdiccional, del Ministerio Público y la Policía Nacional. 

 

Señaló que el extremo de la decadencia institucional de las tres entidades se observa en el fallecimiento de Marco Antonio Aramayo o en el hecho de que policías son descubiertos robando cosas y luego son liberados con mucha facilidad.

 

Dijo que lo mismo pasa con policías que hacen “volteos de droga a narcotraficantes” y que muchos queden en la impunidad.

 

Indicó que esto debe hacer reflexionar a la ciudadanía en general para verificar si es que estamos viviendo la decadencia en su máxima expresión de un sistema de justicia promiscua en todos sus niveles, aunque considera que la gran mayoría ya está segura que la administración de justicia, salvo contadas excepciones, ya está podrida en el país.