SANTA CRUZ
“Íbamos a dialogar con el alcalde
de a buenas y sin embargo él ya tenía todo preparado y planeado para golpearnos
para atacarnos a nosotros y él me ataca con un fierro directo en la cabeza”,
denunció llorando Alejandra A., una indígena que estaba con su blusa manchada
de sangre.
“Este martes por la mañana
sufrimos terribles hechos de violencia en la Central Indígena Paiconeca de San
Javier, en el departamento de Santa Cruz”, denunciaron los originarios
chiquitanos.
Los defensores de los derechos
indígenas solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía
del Distrito, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
DDHH y la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
pidiendo que tutelen “la vida e integridad de los compañeros y compañeras que
están en el lugar puesto que los agresores siguen allí”.
La mujer agredida al ser
consultada por periodistas sobre la violencia sufrida, dijo aun afectada: “El
alcalde no es lo que se merece (la población)”.
Los indígenas detallaron sobre
las agresiones que el alcalde del municipio de San Javier, Armando Barbery
Landivar, junto a funcionarios de la Alcaldía y la Policía avasallaron el
terreno donde se encuentra su oficina y cortaron el alambrado que protegía el
lote del terreno, pretendiendo embargarlo.
Señalaron asimismo que se debe
recordar que existe un convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)
para la construcción sobre este terreno de un centro prenatal para atender a
las mujeres y niños del municipio; “sin embargo, en este convenio no se cedió
nuestro derecho propietario del lugar”.
“El centro para la salud maternal
es una conquista de las líderesas y dirigentas indígenas. La infraestructura
está en la Central Indígena y hoy está siendo atropellada una vez más; ese
predio es de propiedad del pueblo indígena Paiconeca de San Javier”,
reinvindicaron.
Argumentaron igualmente que “la
Central Indígena es propietaria de este terreno y cuenta con los documentos que
así lo demuestran; sin embargo, el Gobierno Municipal se niega a reconocer este
espacio como nuestra propiedad y, mediante una Ley municipal, pretende
dividirlo y que así pase a ser parte de la propiedad municipal, desconociendo
los mandatos que se establecen en la Constitución”.
La Central Indigena Paiconeca de
San Javier expresó en sus redes sociales: “Las autoridades municipales han
evitado de manera permanente tratar el tema de fondo y han desarrollado una
campaña de desprestigio contra las organizaciones indígenas, acusándonos ante
el pueblo de San Javier de oponernos al derecho a la salud que tiene toda la
población”.
Pedimos al Alcalde de San Javier
(Ñuflo de Chávez- Dep. Santa Cruz) Lic. Armando Barbery, desalojar las personas
que están usurpando la posta sanitaria ubicada en los predios de propiedad de
la Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIP-SJ), instaron activistas de
derechos humanos a través de sus cuentas de redes sociales.
“La propiedad de los pueblos
indígenas debe ser respetada y no puede sin su consulta y consentimiento
asaltar, menos bajo la excusa de la emergencia de la pandemia. Con todo
respeto, le pedimos (al alcalde) se avenga inmediatamente a un diálogo con la
dirigencia chiquitana de la CIP-SJ para solucionar el conflicto; la usurpación
violenta no genera ningún derecho”, demandó por su lado el abogado Leonardo
Tamburini, experto en derechos indígenas.
El jurista y activista agregó que
“cualquier acuerdo sobre el destino del Centro no puede exculpar a los
responsables de este violento acto”.
“Repudiamos el atropello de
quienes no reconocen los Derechos de los pueblos indígenas. Rechazamos estos
actos. Repudiamos el uso de la cuarentena para atropellar los derechos de los
pueblos indígenas”, se pronunciaron líderes indígenas a través de sus
plataformas.
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