DENUNCIAN ‘CORRUPCIÓN’ EN UNA OBRA TURÍSTICA EN MOCOMOCO QUE COSTÓ MÁS DE BS 6 MILLONES

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- “Hemos descubierto, y lo digo de manera abierta, actos de corrupción a fin de causar un daño económico al Estado y, lo más grave de todo, destruir una comunidad originaria campesina”. Así el abogado Marvin Astorga, patrocinante de comunarios de Putina Cotamaza de Mocomoco, provincia Camacho de La Paz, denunció que el circuito turístico Huancamarca-Majmani-Punita fue construido con presuntos hechos de “corrupción” que, hasta la fecha, han causado daños irreparables a 40 comunarios que habrían sido “avasallados” por el municipio en sus propias tierras.

 

El proyecto en cuestión se originó en el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP), lanzado en 2022 y financiado a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), con un presupuesto inicial de cinco millones de bolivianos, que luego fue incrementado a Bs 6.503.972, monto cubierto en un 100 % por el Gobierno Nacional.

 

El primer indicio de “corrupción” identificado es que el municipio no cuenta con el derecho propietario de los terrenos donde se construyó el circuito turístico, a pesar de que éste era un requisito exigido en la convocatoria. Según Astorga, el alcalde de Mocomoco, Víctor Mamani, presentó una declaración jurada en la que afirmaba que el municipio era dueño de los terrenos. No obstante, esa documentación incluía datos inconsistentes respecto a la superficie y clasificación del terreno, señalando que era urbano, cuando en realidad el proyecto estaba destinado a áreas rurales.

 

“Y lo decimos de manera clara, inventan un folio real que contiene datos falsos (…)”, denunció el jurista, advirtiendo además que los funcionarios del FPS dieron curso a dicho documento.

 

Astorga sostuvo que el municipio, al no presentar el documento que acreditara el derecho propietario, incumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. Aun así, el FPS autorizó la ejecución del proyecto.

 

“El alcalde, junto con personal del FPS, señalaban que porque son funcionarios de gobierno —y no tengo temor de decirlo porque lo ha señalado así—, porque son arcistas, podían hacer lo que les daba la gana. Han destruido una comunidad originaria campesina, han desfalcado 6,5 millones de bolivianos”, reclamó.

 

Otro punto cuestionado fue la adjudicación de la obra a la empresa “Asociación Accidental Mocomoco”, que presuntamente no cumplía con los requisitos de experiencia, solvencia y otros. Un informe de la Unidad de Transparencia nacional del FPS verificó que dicha empresa contrató a un ingeniero que no contaba con su credencial actualizada y, para subsanar la falta, se habría ingresado documentación de manera “irregular”.

 

Pese a ello, Astorga denunció que, mediante mandamientos de expropiación “ilegales”, el alcalde de Mocomoco y la empresa ejecutora “avasallaron” las propiedades de 40 comunarios, destruyendo sus parcelas, una iglesia de arquitectura antigua y una piscina comunitaria construida con recursos del POA comunal.

El abogado aseguró que los comunarios nunca fueron notificados oficialmente sobre la expropiación de sus tierras. Un informe del INRA N° 2841/2023 aclaró que no existe registro de “expropiación de tierras por parte del municipio de Mocomoco”, motivo por el cual denuncian que el despojo fue ilegal, ya que ellos cuentan con la personería jurídica desde el Gobierno del presidente Hugo Banzer Suarez y recientemente ratificado por el gobernador Santos Quispe Quispe.

 

Pero la indignación creció entre los denunciantes por la  insistencia en el proyecto turístico, pese a que el trayecto desde la ciudad de La Paz hasta Mocomoco dura unas siete horas y no habría una demanda que justifique la ampliación de las piscinas, las cuales, según indicaron, ahora ni siquiera pueden ser llenadas con agua termal debido a su magnitud.

 

“Han destrozado los árboles frutales, duraznales, la piscina con la que vivía la comunidad. Ahí no entraba mucho dinero, o sea, tampoco es cerca como para ir, son siete horas de viaje hasta la comunidad y tampoco había mucho turista para decir que hay harto ingreso. Pero ayudaba mucho a la comunidad, más que todo, para los niños, para los de la tercera edad que ya no pueden salir a trabajar a otros lugares”, lamentó Amalia Tintaya, Mama Jilakata de la comunidad Putina Cotamaza.

 

El abogado también señaló que el proyecto del circuito turístico habría sido sobrepuesto a otro presentado originalmente por el municipio de Ayo Ayo, en la provincia Aroma.

 

“La FPS ha utilizado informes de otros proyectos, es decir, han sido sobrepuestos los proyectos. Por ejemplo, los informes de viabilidad del proyecto y los informes para la aprobación del proyecto de Putina Cotamaza han sido montados en unas aguas termales del municipio de AyoAyo de la provincia Aroma. Esa documentación la tenemos y ha sido proporcionada por la misma FPS. Entonces, ahí se puede ver el contubernio que existe entre instituciones que simplemente son afines políticamente”, denunció.

 

La obra, denominada Circuito Turístico Huarcamarca-Majmani-Putina, fue entregada por el presidente Luis Arce el pasado 10 de julio. Sin embargo, existen más denuncias sobre presuntas irregularidades, puesto que las comunidades de Huancamarca y Majmani han solicitado retirar sus nombres del proyecto, alegando que no fueron beneficiadas con ninguna mejora.

 

Según el informe de Transparencia del FPS, también se constató un incumplimiento del cronograma establecido para la obra y tampoco se justificó el hecho de que el contrato fue firmado casi con un mes de retraso.

 

Este medio intentó recoger la versión del FPS, mediante el área de Comunicación del Ministerio de Planificación, pero no hubo una respuesta.

 

Asimismo, en un escueto contacto telefónico, el alcalde de Mocomoco negó las acusaciones en su contra y comprometió devolver la llamada para dar mayores explicaciones, sin embargo, al momento de este reporte no se ha comunicado pese a la insistencia para conocer su versión.