YA SON NUEVE CASOS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Pedro Callisaya Aro, ha expresado su creciente preocupación ante las muertes violentas ocurridas dentro de los centros penitenciarios del país, destacando que la pasividad de las autoridades encargadas de la seguridad en las cárceles permite que esta situación continúe de manera impune.
En
su última declaración, Callisaya lamentó el reciente deceso de un privado de
libertad en el Centro Penitenciario de Oruro, lo que eleva a nueve el número de
muertes violentas registradas en lo que va del año.
“Con
lo ocurrido en Oruro ya son nueve las muertes violentas al interior de los
penales en lo que va del año. No podemos dejar que continúe la impunidad, ni la
pasividad de las autoridades encargadas de administrar los centros
penitenciarios”, señaló Callisaya a través de su cuenta en X. El defensor
subrayó que, junto a organizaciones civiles, la Defensoría presentó una
propuesta para abordar la crisis del sistema carcelario, que incluye medidas de
reforma y solución para los problemas estructurales.
Entre
las iniciativas presentadas, destacan la implementación de jornadas de
descongestionamiento, la construcción y ampliación de infraestructura
carcelaria utilizando mano de obra de los mismos privados de libertad, y la
realización de exámenes médicos obligatorios dentro de las primeras 48 horas de
ingreso al centro penitenciario.
Además,
se propone la separación y clasificación de los reclusos según la naturaleza y
gravedad de sus delitos, y la implementación de programas penitenciarios que
favorezcan la reinserción social.
De
acuerdo con una publicación en su página digital, el último deceso registrado
tuvo lugar el 24 de marzo, en los baños del Centro Penitenciario de San Pedro,
en Oruro, donde fue hallado sin vida un privado de libertad con una cuerda
atada al cuello.
Este
suceso se suma a una serie de muertes ocurridas en lo que va del año, entre
ellas, los asesinatos en los centros penitenciarios de Morros Blancos (Tarija),
Chonchocoro (La Paz), y CERPROM (Montero – Santa Cruz), entre otros.
Callisaya
hizo un llamado urgente a las autoridades para que asuman con responsabilidad
la gestión de los centros penitenciarios y se tomen medidas concretas para
garantizar la seguridad de los privados de libertad y evitar que continúen
ocurriendo muertes impunes dentro del sistema.

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