HASTA EL 26 DE JULIO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha extendido el plazo hasta el 26 de julio de 2024 para que Bolivia llegue a un acuerdo con los afectados por el caso del Hotel Las Américas y avance en la implementación de las recomendaciones del Informe de Fondo emitido en el Caso N° 13.546, relacionado con Mario Tadic, Elod Toaso y otros.
El plazo original para alcanzar
un acuerdo sobre reparaciones económicas a las víctimas de violaciones de
derechos humanos expiraba el pasado viernes. No obstante, con esta nueva
prórroga, el caso permanece en la “fase aún no contenciosa”.
Desde la Procuraduría General del
Estado, mediante un comunicado emitido este sábado, se informó que la Comisión
notificó oficialmente el pasado 26 de abril de 2024, el reconocimiento hacia
las acciones concretas que el Estado boliviano ha implementado para cumplir con
las recomendaciones.
El gobierno boliviano reiteró su
compromiso de adherirse a las recomendaciones de la CIDH con transparencia y
racionalidad. Además, destacó que los argumentos presentados por Bolivia, junto
con la asistencia técnica solicitada y la respuesta positiva respecto a las
posibles reparaciones económicas, fueron clave para la concesión de la
extensión del plazo, reflejando un reconocimiento al esfuerzo del país por
cumplir con las obligaciones establecidas en el informe.
La Procuraduría General del
Estado continuará liderando las acciones de defensa y representación legal del
Estado en este proceso.
El caso del Hotel Las Américas se
remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en Santa Cruz
resultó en la muerte de tres extranjeros, a quienes el gobierno acusó de estar
involucrados en actividades terroristas y separatistas.
De este operativo policial, tanto
Tadic como Tóasó sobrevivieron y luego de casi seis años recuperaron su
libertad tras someterse a proceso abreviado. Luego salieron rumbo a Europa de
donde hicieron seguimiento a su demanda interpuesta ante la CIDH.
Este evento ha generado
controversias y críticas por parte de organismos internacionales y grupos de
derechos humanos, que cuestionan la legalidad y la transparencia de la
operación, así como el trato a los sobrevivientes y a las familias de los
fallecidos.
Este caso ha puesto en evidencia
las tensiones políticas y los desafíos en materia de derechos humanos en
Bolivia.
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