ASAMBLEÍSTA PONE NOTA DE APLAZO A LA GOBERNACIÓN DE POTOSÍ POR BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 47.25%

EVALUACIÓN-2022

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La asambleísta departamental Azucena Fuertes asignó una nota de aplazo a la Gobernación de Potosí, porque a diciembre de la gestión 2022 la ejecución presupuestaria llegó a 47.25%, según informó con base a datos actualizados por del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 

Dijo que, en inversión pública, que significa ejecución de proyectos para la atención de necesidades de la gente como salud, educación, saneamiento básico, agua potable, riego, carreteras y puentes, la ejecución solo llegó al 20%.

 

Explicó que el resto corresponde a gasto corriente que sí o sí se debe ejecutar porque significa el pago de sueldos y salarios de los funcionarios públicos, de manera que estos gastos no tienen excusa para su ejecución, manifestó.

 

Indicó que haber ejecutado el 47.25% quiere decir que de cada 100 bolivianos que recibió Potosí, apenas gastó 47 bolivianos con 25 centavos y en inversión pública solo utilizó 20 de cada 100 bolivianos.

 

“Cuando estamos en la escuela, en el colegio o en la universidad, nos califican del 1 al 100 y tenemos que sacar 51 para pasar raspando y con estos datos del Ministerio de Economía, podemos considerar que la Gobernación se ha aplazado. Pese a tener la mayor cantidad de ingresos gracias a las regalías mineras, tenemos una de las peores ejecuciones presupuestarias a nivel nacional”, comentó a Erbol-Potosí.

 

Lamentó que Potosí que recibe los mayores recursos económicos para la inversión pública, más que La Paz y Santa Cruz, no sepa utilizar de manera oportuna.

 

La gobernación está a cargo de Jhonny Mamani, militante del Movimiento Al Socialismo que desempeña las funciones de Gobernador desde el 3 de mayo de 2021, tras haber ganado las elecciones.

 

Antes fue un trabajador minero y luego en 2015 fue elegido alcalde de Tahua. Es de profesión contador y recientemente estuvo envuelto en un escándalo de presunta corrupción en la compra de 41 ambulancias con un daño económico al Estado por 1.4 millones de bolivianos.