San Pedro de Curahuara
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Sala
Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto falló el viernes a favor de la
concejala de San Pedro de Curahuara, Vicencia Apaza, y determinó la
reincorporación y anulación de la suspensión emitida por el Concejo Municipal
después que presentó una acción de amparo constitucional tras ser suspendida
del cargo en abril pasado.
La concejala Apaza tras ser
alejada del Concejo Municipal, presentó ante la Defensoría del Pueblo una
denuncia de acoso político por parte de sus pares, por lo que la institución
inicio una investigación y se constituyó, junto a la Asociación de Concejalas
de La Paz (ACOLAPAZ) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), en
tercero interesado en la acción de amparo constitucional presentada por la
concejala ante el Tribunal Departamental de La Paz en contra del presidente,
vicepresidenta y secretario del Concejo Municipal y del Alcalde de ese
municipio.
En diciembre de 2018, la
concejala Vicencia Apaza (MPS) denunció que junto a su colega Zaida Mery Choque
(MAS), son víctimas de acoso político, a consecuencia de haber denunciado
hechos de corrupción. Como antecedente, Apaza explicó que en 2016 junto a
Choque presentaron una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado,
porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines
particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles,
heladoras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.
La Defensora del Pueblo, Nadia
Cruz, informó que el Tribunal consideró que los derechos al trabajo, petición,
presunción de inocencia, defensa y debido proceso de la concejala Apaza, fueron
vulnerados por los concejales, por lo que se le concedió la tutela solicitada y
determinó que ella no puede ser alejada del cargo hasta que se verifique la
suspensión o pérdida de mandato mediante una resolución ejecutoriada.
Cruz explicó también que en la
audiencia, la Defensoría del Pueblo argumentó que las resoluciones emitidas
para suspender del cargo a la concejala fueron arbitrarias y que éstas no
estaban enmarcadas en la normativa válida para autoridades municipales electas
y por ello debían considerarse como medidas de hecho en contra de ella. Dijo
que se comprobó hechos de acoso político en contra de Apaza con la finalidad de
acortar o suspender su mandato sin un fundamento legal establecido en normativa
interna o normativa nacional.
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