EN SU ACTO DE ANIVERSARIO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El acto por el aniversario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se realizó este martes en Sucre, fue el escenario donde sus autoridades defendieron la continuidad en sus cargos como magistrados frente a las acusaciones de prórroga.
Tanto
el decano del TSJ como su presidente reivindicaron la continuidad del servicio
de justicia, en un contexto donde políticos de la oposición y el “evismo” los
critican por ejercer el cargo de manera prorrogada por encima de su mandato que
fenecía en enero.
“La
alusión mediática de prórroga que martilla el quehacer de este Tribunal,
pretendiendo erosionar la confianza ciudadana, se diluye frente al trabajo
responsable y oportuno que se cumple por Sala Plena y salas especializadas”,
manifestó el presidente del TSJ, Marco Jaimes.
“Hemos
sido elegidos a través de una elección popular y hemos cumplido de manera
legítima nuestra labor. Y que lo seguimos haciendo en el presente, a través de
la Declaración Constitucional que es sobre todo un mandato que nos obliga a
estar trabajando de manera disciplinada y responsable en esta institución, y lo
haremos hasta el último momento que nos toque permanecer”, señaló a su turno el
decano Juan Carlos Berríos.
Jaimes
manifestó que “sólo imaginar un máximo tribunal sin sus jueces sería
desarmonizar la institucionalidad constitucional”, con consecuencias directas
en los bolivianos que esperan resolución de sus conflictos jurídicos.
“Los
efectos negativos de ese vacío no se tendrían que medir bajo el prisma del
interés político, sino bajo el baremo de la afectación de los derechos y
garantías ciudadanas, en consideración al sacrificio de la población que acude
a un juzgado a exigir justicia”, agregó.
Las
elecciones judiciales debieron llevarse adelante en 2023, pero en la Asamblea
se paralizó el proceso de preselección debido a múltiples acciones judiciales y
falta de acuerdo parlamentario.
En este marco, los opositores y “evistas” acusan a los magistrados de actuar junto al Gobierno para mantenerse en el cargo en una relación clientelar, obstaculizando las elecciones. En tanto, los “arcistas” culpan a la propia Asamblea de errores jurídicos que impidieron avanzar con la preselección.
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