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viernes, 14 de julio de 2023

LA PAZ


BENI, BOLIVIA (ANB / Erbol).-
El activista Édgar Salazar, quien preside la otra Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) negó este viernes haber amedrentado a Amparo Salazar y expresó su predisposición de entablar un diálogo con mediación de la Defensoría del Pueblo para resolver el conflicto.

 

Una acción de libertad salió a favor de la mujer determinó que  Salazar se “inhiba de realizar estos actos de amedrentamiento evocados por la accionante”, además se le prohibió continuar con los actos de “hostigamiento y amedrentamiento”.

 

“¿Díganme en qué momento hemos hostigado? ni siquiera yo he estado en la ciudad de La Paz, ¿cómo pueden decirnos que hemos hostigado?”, cuestionó Salazar quien asegura tener la legalidad y legitimidad para dirigir la APDHB.

 

Por el contrario, acusó a los activistas que lo rodean al inmueble, ubicado en la zona de Sopocachi, de hostigar a quienes se encuentran desde hace más de un mes al interior del inmueble y evitar cualquier tipo de acercamiento con Carvajal.

 

“Hemos presentado nosotros un memorial al juez penal que ha conocido esa acción de libertad y le hemos manifestado que en ningún momento hemos sido notificados, si no estamos ni siquiera en la ciudad de La Paz ¿Cómo hemos cometido amedrentamiento y hostigamiento?”, insistió.

 

La octogenaria mujer se encuentra en la terraza de la APDHB desde el 11 de julio tras haber permanecido desde el 4 de junio en una vigilia en la puerta trasera del inmueble a la espera de retomar las instalaciones.

 

Salazar expresó además su predisposición de que, mediante el diálogo con la Carvajal puedan resolver el conflicto en atención a la recomendación que hizo la Sala Constitucional Cuarta de La Paz a que mediante un “congreso por la unidad”.

 

“Hay una determinación de una acción de libertad que imposibilitan que nosotros podamos acercarnos, mirarla o incluso tal vez saludarla, que esto sea considerado como hostigamiento o amedrentamiento a la señora Carvajal, es por eso que hemos pedido al Defensor del Pueblo que cualquier diálogo tenga que ser en sus oficinas”, dijo.

 

Salazar considera que “al parecer” no son los intereses de Carvajal en retomar el inmueble, sino que en realidad están detrás “actores políticos” de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y del Comité por Santa Cruz.

 

A pesar de esa situación dijo que no se retrocederá en la decisión de haber “recuperado” las oficinas para que se deje de volver a tener al servicio de sus “intereses políticos”. //agc

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