IRÁN A JUICIO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Fiscalía informó que ha presentado la acusación formal contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y otras siete personas, por la adquisición irregular de gases lacrimógenos realizada durante el gobierno transitorio a la empresa Bravo Tactical Solutions.
Murillo y
López están acusados en calidad de exministros de Gobierno y Defensa,
respectivamente. Ambos están procesados en rebeldía, toda vez que no se encuentran
en el país.
Según el
fiscal general Juan Lanchipa, entre los otros acusados están:
El
exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio
Alberto Zamora, también declarado rebelde.
El
exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López.
El exjefe
de la unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho.
El
exdirector de Logística, Pedro Rea.
La
exdirectora general de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque.
El
exresponsable de artículos clases 5 del Ministerio de Defensa, Denis Vera.
El
representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel
Berkman, quien fue declarado rebelde y que fue detenido en Estados Unidos, en
el caso de lavado de dinero que implica a Murillo.
Lanchipa
indicó que el daño económico al Estado fue de 16 millones de bolivianos.
La
acusación es por delitos de uso indebido de influencias, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de
deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento
ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
La
Fiscalía espera ahora que la justicia defina el inicio del juicio oral.
Lanchipa
indicó que se está pidiendo la pena máxima por los delitos acusados. Explicó
que la sanción mayor es de 10 años de privación de libertad, pero la justicia
debe tomar en cuenta también los agravantes.
En este
caso se investigó la compra que hizo Ministerio de Defensa de gases
lacrimógenos para la Policía. La adquisición se realizó en los primeros meses
del gobierno transitorio a la empresa Bravo, que era intermediaria para
adquirir los gases de la empresa brasileña Cóndor.
El caso
tuvo su repercusión en EEUU, donde se estableció un esquema en que Murillo habría
recibido dinero proveniente del soborno para la compra de los gases
lacrimógenos.
Según la
investigación de EEUU, la compra fue de 5,6 millones de dólares, pero los
equipos costaron a Braco unos 3,3 millones, por lo cual se estimó un
sobreprecio de más de 2 millones de dólares.
Lanchipa
señaló que ya se ha solicitado la extradición de Murillo a EEUU y que se tiene
activado el sello rojo de Interpol contra López.
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