PIDE AUDITORÍA A TIERRAS SANEADAS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Pacto de Unidad, conformado por organizaciones afines al MAS, manifestaron su rechazo a las determinaciones de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz que convocó el gobernador Luis Fernando Camacho, y advirtió con tomar acciones directas contra quienes considera “racistas, terratenientes”.
La Comisión
convocada por Camacho dispuso la creación de comisiones específicas para la
auditoría de la distribución de tierras y seguir proceso legal contra el
director del INRA, debido a que no asistió a la convocatoria de la reunión, a
pesar de que la CAD es una entidad reconocida por ley.
Mediante un
pronunciamiento, el Pacto de Unidad consideró “intenciones demagógicas,
políticas y sectoriales” a las determinaciones
asumidas por la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz.
Consideró
que la CAD “se caracterizó por la discriminación y desigualdad, habiendo
convocado solamente a empresarios y a la oligarquía cruceña con un afán
político y de forma demagógica invita a otros actores como el INRA a sabiendas
que dicha reunión además de estar viciada de nulidad trataría solamente de
acciones netamente políticas para beneficio propio y de grupos sectoriales”.
En ese
marco, exigió al Gobierno incorporar mecanismos legales y constitucionales para
fijar como máximo la dotación de tierras el límite de 1.000 Hectáreas
suficientes para la producción agropecuaria de las Naciones y Pueblos Indígenas
Originarios.
También
exigieron que se realice auditoría técnica y legal a las tierras saneadas, en
particular en el periodo del gobierno transitorio. Pidieron que las mismas
deban ser revertidas al Estado en el marco del Decreto Supremo 4494.
Además,
solicitaron recuperar todas las tierras fiscales que fueron ilegalmente
apropiadas por grupos de terratenientes y traficantes de tierras.
En su punto
quinto, el pronunciamiento del Pacto de Unidad advierte lo siguiente: “De
continuar con estos propósitos, nos reservamos el derecho de asumir acciones
directas contra estos racistas, terratenientes”.
Por último,
exigieron también la inmediata activación de procesos legales correspondientes
ante lo que consideran “un flagrante desacato a la Constitución Política del
Estado y las normas legales en vigencia que regulan la tierra, territorio y su
titulación”.
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