VE INTENTOS DE CONFRONTACIÓN
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Elogio Núñez, ratificó este domingo su posición en sentido que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no tiene facultades para generar políticas sobre el acceso y tenencia de la tierra y ratificó que no asistirá a ninguna convocatoria para ese propósito.
Dijo que la
dotación y distribución de tierras es una competencia exclusiva del nivel
central por ser un recurso natural estratégico y las tierras fiscales son para
dotación gratuita a campesinos, indígena originarios, interculturales,
afro-bolivianos y comunidades colectivas.
Núñez
manifestó que la semana pasada, Camacho intentó instalar el funcionamiento de
la Comisión Agraria Departamental (CAD) sin cumplir la formalidad prevista en
el artículo 8 de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria.
Afirmó que
Camacho se mueve bajo la lógica que cada Gobernación debe tener un INRA
departamental y olvida que esa figura fue debatida durante el proceso
constituyente y una vez aprobada la Constitución, ya es un tema superado y no
hay lugar a discusión.
Explicó que,
por ese motivo, el INRA no asistió a la reunión convocada por Camacho porque,
además, según la Ley, para hacer funcionar la Comisión Agraria Nacional deben
ser convocados representantes de las confederaciones de Campesinos, Cidob,
Conamaq, Bartolinas e Interculturales.
Esas mismas
organizaciones deben participar de la Comisión Agraria Departamental y no
fueron convocadas y para que puedan asistir, deben ser acreditadas por el
INRA. Dijo que Camacho intentó instalar
la CAD acreditando representantes a través de la Comisión de Justicia de la
Gobernación de Santa Cruz y eso fue considerado ilegal.
Pero más
allá del extremo, Núñez ratificó que mientras el Gobernador intente utilizar la
CAD para confrontar organizaciones en la Chiquitania en Santa Cruz o polarizar
políticamente con el gobierno central, el INRA no va a participar en esos
espacios y se relacionará directamente con las confederaciones habilitadas por
ley.
Recordó que
la CAD fue importante en su momento para tener sugerir y generar espacios de
encuentro entre los actores relacionados con el acceso de la tierra, pero luego
se volvió en un mecanismo para vulnerar derechos de acceso a la tierra y esa
actitud fue rechazada por el INRA.
Explicó que,
en Santa Cruz, la estructura de la tenencia de la tierra está bastante
equilibrada entre los cinco pueblos indígenas guaraní, chiquitano, ayoreo,
yuracaré mojeño y guarayo que tienen 5.3 millones de hectáreas que representa
el 16%, sectores campesinos 16%, medianos y grandes propietarios 19% y 49% son
tierras fiscales no disponibles.
Anunció que
cualquier distribución será en el marco de la Constitución y no se entregarán
tierras en espacios fiscales disponibles, por lo que pidió a los propietarios
legales tener la seguridad jurídica que el INRA les ofrece.
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