LA MEDIDA INICIARÁ EN SANTA CRUZ
SUCRE, BOLIVIA (ANB / IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó una reestructuración de los juzgados penales que permitirá crear despachos especializados exclusivamente en procesos de corrupción y delitos vinculados al crimen organizado. La medida tendrá especial aplicación inicial en Santa Cruz, donde se concentrará una parte importante de la reorganización.
JUECES
CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
El
presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que la Sala Plena aprobó dos
acuerdos para refuncionalizar los juzgados penales y redistribuir las
competencias de los jueces. La intención es que determinados operadores de
justicia dejen de atender causas generales y se concentren únicamente en
procesos considerados complejos.
En
Santa Cruz, la reorganización alcanzará a los 28 juzgados de instrucción que
actualmente tienen competencias amplias. Estos despachos serán redistribuidos
para establecer jueces especializados en corrupción y crimen organizado,
mientras otros magistrados asumirán causas ordinarias y procesos relacionados
con violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
NUEVOS
PERFILES Y CONTROL A LOS JUECES
Saucedo
señaló que serán seleccionados jueces con perfiles considerados adecuados para
atender este tipo de procesos y que el Consejo de la Magistratura deberá emitir
nuevos títulos para formalizar la especialización.
El
TSJ también anunció que recurrirá a la cooperación internacional para reforzar
la capacitación de los nuevos jueces.
El
objetivo declarado es que quienes asuman estos casos cuenten con formación
específica para enfrentar procesos relacionados con estructuras criminales y
hechos de corrupción.
Paralelamente,
la Unidad de Transparencia del Órgano Judicial será desplazada a Santa Cruz
para revisar actuaciones judiciales. Si identifica posibles irregularidades,
podrá remitir antecedentes a las instancias disciplinarias correspondientes o
al Ministerio Público.
La
reestructuración modifica así la distribución de competencias dentro del
sistema penal y plantea un nuevo esquema de atención para procesos de
corrupción y crimen organizado, aunque su alcance dependerá de la
implementación efectiva de los nuevos juzgados y de la selección y capacitación
de los jueces.

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