SE VIENEN TRES AÑOS DE REFORMA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El acuerdo alcanzado entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla la aplicación de medidas para fortalecer las redes de protección social y evitar que el costo del ajuste económico recaiga principalmente sobre las familias pobres y los sectores más vulnerables.
El
documento establece que el Gobierno deberá destinar recursos adicionales a
programas de protección social como parte de las reformas económicas
comprometidas. El objetivo es que la reducción del déficit fiscal y las medidas
de ajuste no profundicen las dificultades económicas de quienes tienen menores
ingresos.
El
secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, José
Luis Porcel, comparó esta propuesta con el antiguo Fondo Social de Emergencia,
creado por el 211060 para atender los efectos sociales de la crisis económica.
Según explicó, este tipo de mecanismos busca amortiguar el impacto de las
reformas y evitar que las dificultades económicas deriven en mayor pobreza o
conflicto social.
El
programa también plantea mejorar la cobertura y focalización de los programas
sociales, hacer más efectiva la ayuda estatal, reducir la informalidad y
generar mayores oportunidades de empleo.
Porcel
explicó que estas medidas adquieren mayor importancia cuando un programa de
ajuste puede provocar un aumento de la pobreza o generar descontento social. En
ese contexto, sostuvo que también se busca proteger partidas esenciales
destinadas a salud y educación durante un periodo de contracción económica.
El
acuerdo forma parte de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del
FMI (SAF), por aproximadamente $us 1.900 millones, destinado a respaldar las
reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.
De
acuerdo con el FMI, este financiamiento también podría facilitar el acceso de
Bolivia a nuevos créditos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y otros organismos internacionales. El objetivo es conformar un paquete
de financiamiento que alcance al menos $us 5.000 millones durante el periodo
del programa.
El
organismo internacional señala que Bolivia enfrenta varios problemas acumulados,
entre ellos déficits fiscales persistentes, menor producción de hidrocarburos,
reducción de las reservas internacionales, elevada inflación y distorsiones en
los mercados cambiario y de productos.
Frente
a este escenario, el Gobierno puso en marcha un programa de reformas orientado
a recuperar la estabilidad económica y ordenar las cuentas públicas, además de
modificar el régimen monetario y cambiario y fortalecer la política monetaria.
Porcel
señaló que uno de los compromisos asumidos por el Gobierno es llegar a “cero
del déficit fiscal”, además de fortalecer la gobernanza y la autonomía
operativa del Banco Central de Bolivia.
El
programa también contempla reformas para mejorar el clima de negocios, reducir
las distorsiones en los mercados, fortalecer las instituciones y mejorar las
condiciones para la inversión y la generación de empleo.
Asimismo,
el acuerdo incluye medidas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición
de cuentas, fortalecer los mecanismos de contratación pública y reforzar las
políticas de lucha contra la corrupción.
En
ese contexto, las redes de protección social aparecen como uno de los
componentes destinados a amortiguar el impacto de las reformas económicas y
evitar que el proceso de ajuste profundice la situación de los sectores más
vulnerables.
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