JUSTINIANO AFIRMA QUE LA LEY 157 NO AFECTA TIERRAS COMUNITARIAS Y ATRIBUYE MARCHAS A DESINFORMACIÓN

ASAMBLEA VIO LA CONSTITUCIONALIDAD

EL ALTO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, aclaró que la Ley 157, que autoriza al INRA a recategorizar la pequeña en mediana propiedad, no alcanza a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y atribuyó la marcha de sectores indígenas desde Pando a un proceso de desinformación sobre el alcance de la norma.

La autoridad explicó que la ley tuvo su origen en el Senado y posteriormente fue revisada en la Cámara de Diputados, donde se evaluó su constitucionalidad. Señaló que responde a una demanda de más de 15 años de pequeños productores agrícolas, ganaderos y agropecuarios, quienes enfrentaban limitaciones para acceder a créditos, lo que afectaba sus niveles de producción.

 

Justiniano remarcó que durante la campaña electoral esta demanda fue planteada a todos los candidatos, por lo que su aprobación en la Asamblea Legislativa y posterior promulgación por el presidente Rodrigo Paz no constituye una decisión arbitraria, sino una respuesta a las necesidades del sector productivo.

 

En ese contexto, advirtió que se está generando una “distorsión” del contenido de la ley, lo que ha derivado en tensiones sociales. Anunció que desde esta semana se iniciarán acciones para corregir la desinformación, que -según dijo- se propaga con rapidez y alimenta movilizaciones basadas en interpretaciones erróneas.

 

Asimismo, cuestionó que algunas organizaciones impulsen una narrativa que desconoce los procesos de diálogo previos. Reiteró que la normativa está dirigida exclusivamente a propiedades privadas de pequeños productores, mientras que las tierras comunitarias tienen un tratamiento distinto y están protegidas por la Constitución Política del Estado.

 

La promulgación de la Ley 157 ha motivado una marcha desde Pando y el anuncio de otra movilización desde Beni, además de un cabildo en El Alto que exige su abrogación, bajo el argumento de que afectaría a las tierras comunitarias, aspecto que el Gobierno rechaza.