EL GOBERNADOR DE SANTA CRUZ SE ACOGE A SU DERECHO AL SILENCIO DENTRO DEL PROCESO POR EL PARO DE 36 DÍAS

CUESTIONAN EL PROCESO

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho de guardar silencio dentro del otro proceso que se sigue en su contra por el paro de 36 días del pasado año que exigía una Ley del Censo.

 

“El gobernador se ha acogido a su derecho de guardar silencio porque entendemos que no conviene realizar en este momento ningún tipo de declaración al respecto, además, dado a los antecedentes que han sido puestos a nuestro conocimiento, al momento de prestar su declaración informativa, vamos a asumir nuestra defensa como corresponde”, afirmó su abogado Cristopher Balcázar.

 

Camacho actualmente guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro por del denominado caso Golpe de Estado I, relacionado a los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

 

Por la investigación al paro de los 36 días, enfrenta el proceso por los delitos de asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el Presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y terrorismo.

 

Además de Camacho, el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, también se encuentran investigados.

 

Según Balcázar, no existe “ningún nexo causal” ni de vinculación del gobernador cruceño con las movilizaciones de los 36 días del paro ocurrido entre octubre y noviembre de 2022 para que el Censo se adelante este año. 

 

Aseguró, por el contrario, que en esas jornadas de movilización, los sectores sociales afines al Gobierno actuaron en contra de la población cruceña con medidas de presión como bloqueos. Incluso, dijo que hubo “complicidad” de la Policía para actuar con represión.

 

“(La Fiscalía) no actuó de forma objetiva y, por el contrario, solo con reportes de prensa acepta la denuncias y realiza actos investigativos en contra de quienes no tuvieron participación alguna en las jornadas de movilización”, aseguró.

 

El caso fue abierto a denuncia del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. //agc