JUICIO POSTERGADO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Defensoría del Pueblo cuestionó los “casi 11 años de impunidad” por el asesinato de la concejala del municipio paceño de Ancoraimes, Juana Quispe, quien murió asesinada el 13 de marzo de 2012 y lamentó que el Estado no haya “cumplido con su obligación o responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
A través de un comunicado, el
ente defensorial, expresó su preocupación por el “emblemático e histórico” caso
que posteriormente impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley 243,
Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
El pasado 10 de febrero fue
suspendida la audiencia de juicio oral del caso de Quispe y la Defensoría del
Pueblo y exhortó a que en las instancias judiciales competentes se tomen “las
medidas necesarias para el esclarecimiento y sanción de este delito”.
“A la fecha, por la retardación
de justicia existente, el Estado Plurinacional de Bolivia no ha cumplido con su
obligación o responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer”, señala el comunicado.
Recordó además que a más de una
década del hecho, aún no se cuenta con una sentencia, pese que la familia y la
defensa de la exautoridad reunieron evidencias durante la investigación, que
sustentan que el hecho es un crimen político y en el que estarían involucrados
un exalcalde y dos exconcejales de Ancoraimes.
Además, con carácter de urgencia,
la Defensoría del Pueblo exhortó a que se convoque al Mecanismo de Prevención y
atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de
acoso y/o violencia política, para la coordinación, atención y articulación de
acciones en el presente caso y otros que se presentasen.
En vida, Juana Quispe fue
conocida por el liderazgo que tuvo en su natal Llojllata Laymini, cantón
ubicado en el mismo municipio de Ancoraimes, lo que la llevó a continuar en la
carrera política. Sin embargo, en el camino tuvo que atravesar una serie de
trabas que la impidieron ejercer el cargo de concejala lo que la obligaron a
renunciar bajo presiones hasta llegar a su muerte.
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