ACUSA A EMPRESARIOS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este jueves que no ha recibido denuncia formal por el tema del subsidio materno-infantil y afirmó que en realidad existe un “ataque político” y “arremetida” contra modelo económico, debido a las informaciones que circulan en contra de este servicio estatal.
“Sentimos que lamentablemente
existe un ataque político gestado por diferentes sectores en contra de los
servicios que brinda el Estado. Nosotros, como Viceministerio de Defensa del
Consumidor, durante este tiempo no hemos recibido niegan denuncia por arte de
ninguna consumidora sobre el subsidio”, dijo Silva en conferencia de prensa.
En los últimos días se
difundieron denuncias de sobreprecios, maltrato y hasta discriminación en la
entrega del subsidio. La activista María Galindo difundió las denuncias de
madres de familia que expresaron sus quejas contra el Servicio de Desarrollo de
las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
Silva aclaró que con la denuncia
de “ataque político” no se refería específicamente a María Galindo, sino señaló
que existe empresarios del área de alimentos que buscarían hacer fracasar el
modelo económico no sólo con el tema del subsidio, sino con las controversias
del pan, trigo, maíz, carne de cerdo y huevos.
“Estamos sintiendo esta arremetida
por parte de algunos empresarios que se pueden favorecerse o perjudicarse por
alguna acción que asume el gobierno y esta actividad de los empresarios tiene
la coincidencia que está ligada a la alimentación”, dijo.
Silva recalcó que su
Viceministerio no ha recibido denuncias sobre el subsidio, pero expresó que
existe apretura a recibir las quejas en oficinas del Ministerio de Justicia a
nivel nacional o la línea 800 10 0202.
Sedem justifica precios
La gerente del Sedem, Fátima
Pacheco, explicó que, por el principio de solidaridad, los precios que tienen
los productos del subsidio son los mismos a nivel nacional. Aseveró que incluso
la distribución llega a pueblos indígenas, mediante brigadas móviles, al mismo
precio.
También aseguró que son productos
de calidad y que los proveedores saben la dificultad de acceder a estos
contratos.
Pacheco atribuyó a “malos
intermediarios” la responsabilidad por las quejas de usuarias, por lo cual
resaltó que en esta gestión se ha cambiado la estrategia para que empresas
estatales distribuyan los productos y reduzcan precios.
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