SE LOS ACUSA DE DOS DELITOS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos fustigaron, por separado, el nuevo proceso que se formalizó este miércoles en la Fiscalía contra líderes de la oposición que participaron en las jornadas de protestas y paro cívico de 2019.
El diputado de CC, Carlos
Alarcón, uno de los denunciados, consideró que el nuevo proceso es para “tapar”
el abandono del expresidente Evo Morales a sus funciones luego de su renuncia
al cargo en medio de las movilizaciones de ese entonces.
“Primero con el Golpe I nos acusa
de terroristas, como no pegó en la población este absurdo, ahora su nuevo
invento es de genocidas, después que será? no se sorprendan si nos acusa de
violadores o pedófilos. (sic)”, añadió mediante sus redes sociales.
El Comité Impulsor del juicio por
el denominado "Golpe de Estado" presentó en Sucre una denuncia contra
Carlos Mesa, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el expresidente
Jorge Quiroga, el político Samuel Doria Medina, la exmandataria Jeanine Añez y
sus ex ministros, entre otros, por los delitos de alzamiento armado y genocidio
cometidos durante la crisis de 2019.
La diputada de Creemos, María
René Álvarez, dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa
“tergiversando la realidad de los hechos” de 2019 con el afán de “tapar” las
pérdidas millonarias en laudos arbitrales que dejan al país en una situación de
“vergüenza internacional” y además por el “fracaso del Censo”.
“El denominado Golpe I es un
montaje del MAS, es un fraude procesal que el Gobierno no va a poder sostener,
no se puede ir contra la verdad y contra la voluntad de todo un pueblo
boliviano que lucha a diario porque se le respeten la democracia y la
libertad”, sostuvo.
El jefe de bancada de CC en el
Senado, Guillermo Seoane, coincidió en señalar que se busca “evitar” que se discuta la decisión del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por un laudo arbitral en el que obliga a
Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con $us 105
millones por el "retraso injustificado" en el proceso de
nacionalización del sistema de pensiones.
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