ELECCIONES GENERALES 2019
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El procurador general del Estado Wilfredo Chávez hizo conocer este sábado un informe técnico legal de la Contraloría General del Estado (CGE), donde concluye que la Organización de Estados Americanos (OEA) no hizo una auditoría al proceso electoral de octubre de 2019, cumpliendo las normas nacionales internacionales.
Dijo que la
primera conclusión es que la OEA incumplió el acuerdo suscrito con la
Cancillería para realizar un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial
de votos de acuerdo a lo comprometido y no solamente realizar un trabajo sobre
el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que no
tiene carácter oficial.
Destacó que
el informe de la Contraloría concluye también que la OEA entregó un informe
incompetente a la luz de la normativa nacional e internacional que rigen un
trabajo de auditoría especial que se habría comprometido con el Estado, luego
que las elecciones de octubre de 2019 fueran denunciadas de fraude electoral.
Precisó que
la Procuraduría remitió la documentación a la Contraloría para que realice un
estudio técnico legal sobre los procedimientos utilizados y la primera
conclusión es que la OEA no entregó un informe de auditoría, tal como preveían
los puntos 1 y 5 del convenio, y tampoco presentó al gobierno un informe
preliminar ni un informe final de auditoría, sino que entregó un documento
titulado “análisis de integridad electoral”.
Sostuvo que
si había denuncias de fraude, la OEA debió investigar si hubo fraude y no lo
hizo. Tampoco se advierte el empleo, aunque referencial, de las normas
especiales de auditoría gubernamental del Estado Plurinacional y tampoco de las
normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores ISSAI 400
(por su sigla en inglés), emitiendo un pronunciamiento “sin evidencia
suficiente y competente” porque no hizo una verificación física del 100% de las
actas electorales.
Reiteró que
el informe preliminar difundido por la OEA a través de su red social, ha
provocado el golpe de Estado y “para evitar un baño de sangre” el presidente
constitucional Evo Morales tuvo que renunciar acortando su mandatado.
La
Procuraduría también concluye que, al no haberse cumplido los puntos del
acuerdo suscrito entre el secretario general de la OEA Luis Almagro y el Estado
boliviano, el Análisis de Integridad Electoral no es vinculante para el
gobierno del presidente Luis Arce.
Anunció que
el informe de la Contraloría será llevado a cualquier foro que sea necesario
para demostrar que no hubo auditoría y, al contrario, ahora el gobierno se abre
a verificar las actas que quieran y cuando quieran con las personas que
denunciaron fraude electoral.
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