VETO DE EEUU
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Correo Del Sur).- El presidente del TSJ afirma que las decisiones migratorias de otros países son soberanas y aclara competencias sobre jueces y el Consejo de la Magistratura.
El
presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se refirió
este lunes al veto impuesto por Estados Unidos contra el fiscal general Roger
Mariaca y otras 11 personas, señalado por presuntos vínculos con el
narcotráfico, y evitó emitir una valoración directa sobre la decisión adoptada
por el gobierno norteamericano.
Saucedo
remarcó que cada Estado tiene la potestad de definir sus propias políticas
migratorias y que no corresponde a autoridades bolivianas intervenir en esas
determinaciones. “Cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes
migratorias y el pretender inmiscuirme en las decisiones o en las disposiciones
de otro país sería inmiscuirme en la soberanía de él”, afirmó.
En
esa línea, agregó que las medidas de restricción o admisión de ciudadanos
extranjeros responden exclusivamente a criterios internos de cada nación. “Por
lo tanto, es cuestión de cada Estado disponer las medidas que considere
pertinentes en sus políticas migratorias”, señaló.
Consultado
sobre la mención de jueces dentro de los listados difundidos por autoridades
estadounidenses, el titular del TSJ recordó la independencia funcional del
Órgano Judicial y la responsabilidad individual de cada magistrado o juez en
sus decisiones. “Cada juez, reitero, es responsable de su resolución y en el
marco de esa independencia con la que actúa, ellos tendrán a responder si es
que se apertura una investigación en alguna situación que puedan estar
involucrados”, explicó.
Asimismo,
Saucedo aclaró el rol institucional del Tribunal Supremo de Justicia dentro del
sistema judicial boliviano, diferenciando sus funciones de las del Consejo de
la Magistratura. “El Tribunal Supremo de Justicia no designa jueces, el
Tribunal Supremo de Justicia no sanciona jueces y el Tribunal Supremo de
Justicia no suspende jueces. Esas son atribuciones específicas del Consejo de
la Magistratura”, precisó.
Finalmente,
reiteró que cualquier eventual proceso administrativo o disciplinario contra
operadores de justicia debe seguir los mecanismos establecidos por ley. “En
todo caso será el Consejo de la Magistratura quien vea la posibilidad de
ejercer las facultades que por ley le corresponden”, concluyó.
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