CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de ciudadanos bolivianos, a los cuales ha sancionado a 12 ciudadanos bolivianos, además del fiscal general Roger Mariaca, con restricción de su visa y de sus familiares.
La medida se asume dentro en el marco del Escudo de
las Américas, del que es parte Bolivia en alianza con el Gobierno de Donald
Trump.
“Esta política restringe la concesión de visados a los
ciudadanos extranjeros, y a sus familiares directos, que socaven un gobierno
elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico
en nuestra región”, dice el comunicado.
Los sancionados
- Iván Lima Magne. Fue ministro de Justicia durante el Gobierno de
Luis Arce.
- Frans William Cabrera. Coronel de la Policía, exdirector de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y fue
recientemente Inspector General de la Policía.
- Martín Daniel Irusta. Fiscal señalado por haber sido abogado de Evo
Morales.
- Alberto Zeballos. Fiscal Departamental de Santa Cruz.
- Mauricio Nava. Fiscal superior y ex Fiscal Departamental de
Chuquisaca.
- Israel Campero. Fue el vocal constitucional señalado de decisiones
a favor del Gobierno de Arce, como suspender las interpelaciones y avaló
al ala arcista en su litigio con los evistas por la sigla del MAS.
- Iván Campero. Fue magistrado suplente del Tribunal Supremo de
Justicia, implicado en el caso consorcio.
- Albania Caballero. Jueza cuestionada por otorgar la detención
domiciliaria a la exdiputada Laura Rojas, investigada por el caso maletas.
- Rosario Ximena Flores Paniagua. Jueza que ordenó la libertad de su
colega Hebert Zeballos, también implicado en el caso maletas.
- Rodrigo Vedia. Exjuez de La Guardia, cuyo nombre fue vinculado a
casos polémicos y denuncias.
- Alberto Samuel Soto de la Vía. Expresidente ejecutivo interino
de la Aduana Nacional, que fue vinculado a presuntos actos irregulares.
- José Luis Iriarte. Empresario privado vinculado con el tema del
combustible en el norte paceño.
El comunicado del Departamento de Estado hace énfasis
en el caso del fiscal general Roger Mariaca, de cual afirma que “abusó de sus
cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico
y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
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