VETO DE EEUU
SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Correo Del Sur).- La abogada advierte una “contradicción” en la medida y sugiere presión internacional mientras se investigan presuntos vínculos con combustible, oro y operadores extranjeros.
La
activista y abogada Nadia Beller puso en duda la reciente restricción de
ingreso a Estados Unidos contra 13 bolivianos y sostuvo que la decisión podría
responder a “una forma de presión o chantaje político internacional” en medio
de las investigaciones que alcanzan al asesor presidencial Fernando Cerimedo.
A
través de sus redes sociales, Beller difundió una imagen en la que aparecen
Donald Trump Jr., los consultores Brad Parscale y Andy Rivas, junto a Cerimedo.
En ese contexto, remarcó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca
—incluido en la lista de personas con veto migratorio—, lideraba indagaciones
relacionadas con el asesor presidencial, operadores extranjeros y otros hechos
que considera irregulares.
La
jurista recordó que presentó ante la Fiscalía audios, chats, fotografías y
documentación que, según afirma, evidencian la participación de Cerimedo en
decisiones dentro de YPFB, como la designación y remoción de funcionarios,
además de datos vinculados al manejo de combustible, oro y otras operaciones.
También
denunció la existencia de material que involucraría a la empresa FUTURA en el
suministro de carburantes, con una supuesta red de cobro de comisiones. En ese
esquema, mencionó a Brad Parscale —a quien identifica como socio de Cerimedo y
exjefe de campaña de Donald Trump— y a la expareja del asesor en tareas de
auditoría de infraestructura.
“Y
mientras todo esto se investiga, el Gobierno de Donald Trump retira la visa al
Fiscal General de Bolivia, Róger Mariaca, y lo acusa de corrupción relacionada
con narcotráfico, sin presentar a la fecha denuncia alguna o prueba”,
cuestionó.
Beller
también observó que el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, comenzó a
referirse a posibles procesos e incluso a una eventual extradición, lo que, a
su juicio, abre interrogantes sobre si se trata de una defensa institucional o
de una presión contra quien dirige las pesquisas. “¿Es una defensa
institucional o una forma de presión o chantaje contra quien está
investigando?”, criticó.
En
esa línea, pidió no dejar de lado el caso del exjefe de la Felcn, Frans William
Cabrera, también alcanzado por las restricciones estadounidenses. Según audios
difundidos por el vicepresidente Edmand Lara, Cabrera habría negociado con
Cerimedo vuelos de avionetas en el Beni por 15.000 dólares mensuales.
Para
la abogada, si existiera una estructura de protección al narcotráfico, no
podría atribuirse a una sola persona, por lo que planteó ampliar el foco hacia
todos los actores mencionados. “Corresponde preguntar por todos los actores que
aparecen alrededor de estas operaciones: Cabrera, Cerimedo, Ernesto Justiniano
y quienes resulten involucrados. ¿Por qué no les retiraron a ellos las visas?”,
señaló.
Finalmente,
advirtió que cualquier intento de remover al Fiscal General sin pruebas ni
debido proceso podría configurar un “golpe institucional” que frene el avance
de las investigaciones en curso.

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