TRAICIÓN A LA PATRÍA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Correo Del Sur).- Los demandantes acusan al Presidente de “traición a la patria” por su vínculo con Fernando Cerimedo.
Los
ciudadanos Oscar Vásquez, Jaime Choque y Wilmer Vásquez presentaron este jueves
una Acción de Cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz con el
objetivo de obligar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a activar un
juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por el presunto
delito de “traición a la patria”, tras la controversia desatada por el caso del
asesor argentino Fernando Cerimedo.
En
contacto con la Red Unitel, el abogado Wilmer Vásquez explicó que recurrieron a
la vía constitucional tras denunciar una “omisión inconstitucional” por parte
de la Cámara de Senadores, instancia que no emitió respuesta ni activó los
procedimientos correspondientes a la solicitud de juicio planteada el 24 de
agosto de 2026.
Según
los demandantes, el ingreso y la supuesta influencia de Cerimedo en el Palacio
de Gobierno representaron una intromisión foránea en las decisiones del Estado.
En ese marco, Vásquez sostuvo que “el presidente del Estado ha cometido
traición a la patria”, al advertir que la presencia del consultor “en el
corazón del Poder Ejecutivo boliviano constituye una injerencia extranjera que
atenta contra la soberanía nacional, configurando el delito de traición a la
patria previsto en el artículo 124 de la Constitución”.
El
memorial sustenta esta postura en indicios como tarjetas personales halladas
durante allanamientos, en las que el ciudadano argentino figuraba identificado
como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”. De
igual manera, los denunciantes señalaron que Cerimedo disponía de un correo
electrónico oficial con el dominio institucional @presidencia.gob.bo y acceso
directo al despacho presidencial, aclarando que estos puntos corresponden a su
fundamentación jurídica y no a una determinación judicial preexistente.
Dentro
de su petitorio, los accionantes solicitaron que la Sala Constitucional admita
el recurso con carácter de “urgencia y sumariedad constitucional”, declare la
omisión del Órgano Legislativo y ordene convocar a una sesión plenaria
extraordinaria e inmediata para debatir la acusación y autorizar el
procesamiento constitucional.
Por
último, la demanda exige procesar de forma inmediata tanto al primer mandatario
como a Cerimedo y a otros posibles implicados, además de requerir la aplicación
de medidas cautelares sobre los bienes y funciones de la familia Paz bajo
acusaciones de presunto cohecho, tráfico de influencias y corrupción.
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