FIEBRE DEL ORO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Correo Del Sur).- En un cabildo, las organizaciones sociales de La Asunta resolvieron este domingo declararse en emergencia, exigir la expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados a la actividad minera ilegal y dejar bajo custodia comunal las 15 maquinarias retenidas en la región.
“Declaramos persona no grata a los ciudadanos chinos y su inmediata expulsión del municipio de La Asunta, y la intervención de Migración”, refiere uno de los seis puntos que fueron dados a conocer por el secretario general de la Federación Única Especial de Trabajadores Campesinos de La Asunta, Fernando Huacote.
La
dirigencia justificó la medida al señalar que no se puede permitir que ciudadanos
de otros países lleguen al país para causar daños a la naturaleza y al medio
ambiente, situación que, según afirmaron, no se permite en otras naciones.
En
ese sentido, otro de los puntos establece declarar a la región en situación de
emergencia con el fin de protegerla de actividades ilícitas.
Además,
se definió que las 15 maquinarias retenidas pasen a custodia comunal hasta que
se cumpla con el resarcimiento de los daños causados en la zona.
“Decidimos
que toda la maquinaria pesada decomisada a la minería ilegal pase bajo la
custodia de la Federación La Asunta y las centrales hasta que se pueda reparar
todo el daño causado por la minería ilegal y tomar acciones preventivas para
evitar futuras afectaciones en nuestro municipio”, señala otro de los puntos.
Los
dirigentes denunciaron que las actividades mineras generaron afectaciones en
los ríos, derrames de combustible en las riberas, inundaciones y daños en
algunas plataformas camineras.
También
exigieron al municipio emitir un informe técnico sobre las afectaciones
ambientales e iniciar una acción penal contra los responsables.
En
otro punto, los pobladores cuestionaron al personal de la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no atender las demandas de la
región, por lo que pidieron su alejamiento.
Finalmente,
advirtieron que, ante el incumplimiento de sus determinaciones, tomarán las
acciones que el caso amerite.
Las
medidas se adoptaron tras los enfrentamientos registrados el sábado entre
comunarios y personas que, según las organizaciones movilizadas, defendían la
actividad minera en un campamento operado por ciudadanos chinos en el río
Boopi.
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