MINERÍA ILEGAL
LA ASUNTA, BOLIVIA (ANB / El Deber).- El conflicto en el río Boopi expone las limitaciones operativas de la entidad, que asegura que retomará las inspecciones para establecer si las actividades denunciadas cuentan con autorización.
El
conflicto registrado en el municipio de La Asunta, donde pobladores denunciaron
presuntas actividades de minería ilegal en inmediaciones del río Boopi, volvió
a poner bajo presión a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
(AJAM), que reconoce que sus capacidades operativas son limitadas para
fiscalizar un territorio extenso y dar respuestas oportunas a las comunidades.
La
propia entidad admitió semanas atrás que enfrenta restricciones de personal y
recursos técnicos para atender las denuncias de actividades mineras
irregulares. En julio, su director ejecutivo nacional, Jaime Sanabria, explicó
que las acciones de fiscalización en La Asunta habían enfrentado dificultades
debido a los conflictos sociales registrados en el país y a las limitaciones de
recursos humanos y técnicos.
“El
territorio boliviano es muy grande y los recursos con los que contamos son
limitados”, reconoció Sanabria, aunque aseguró que esa situación no impedirá
que la institución cumpla con sus competencias y retome las acciones de
control.
El
problema adquirió una nueva dimensión este sábado, cuando integrantes de las
Federaciones de Varones y Mujeres de La Asunta se trasladaron hasta el sector
del río Boopi para denunciar una presunta explotación minera ilegal atribuida a
una empresa de origen chino. La protesta derivó en enfrentamientos con otro
grupo de vecinos que respaldaba las actividades desarrolladas en el lugar. Hubo
personas heridas y posteriormente fueron quemados vehículos y maquinaria
minera. La Policía y la Fiscalía llegaron al sector para intervenir y comenzar
las investigaciones.
El
episodio dejó además en evidencia la brecha entre las denuncias de los
pobladores y la capacidad de la autoridad encargada de verificar la legalidad
de las operaciones mineras.
En
un pronunciamiento conocido este domingo, la AJAM señaló que tomó conocimiento
de los hechos registrados en La Asunta a través de redes sociales y que ahora
coordina con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para evaluar las
acciones que correspondan de acuerdo con las competencias de cada institución.
La
entidad sostiene que una inspección técnica es indispensable para determinar si
las actividades denunciadas son legales o ilegales. Esa verificación debe
establecer si existe un derecho minero otorgado y si las operaciones cumplen
las exigencias establecidas por la normativa.
El
antecedente resulta relevante porque la propia AJAM había anunciado en julio
una inspección en La Asunta, precisamente a raíz de denuncias sobre movimientos
de tierra y posibles actividades mineras que no cumplirían con la normativa. En
esa oportunidad, Sanabria señaló que la institución realizaría una inspección
previa para establecer la legalidad de las operaciones y verificar el
cumplimiento de las normas mineras y ambientales.
Una
capacidad de control que ya mostró sus límites
La
situación de La Asunta no es un hecho aislado dentro de las dificultades que
enfrenta la autoridad minera para controlar las actividades no autorizadas.
Según
la memoria institucional de la AJAM, durante 2024 la entidad recibió 203
denuncias por presunta minería ilegal, realizó 101 inspecciones in situ y
presentó 44 denuncias penales ante el Ministerio Público.
En
un balance correspondiente al periodo 2021-junio de 2025, la institución
informó además de 270 inspecciones y siete operativos contra la minería ilegal
en 96 municipios del país. En el departamento de La Paz se contabilizaron 72
inspecciones, de las cuales siete correspondieron a La Asunta.
Estos
datos muestran que La Asunta ya figuraba dentro del mapa de intervenciones de
la autoridad minera. Sin embargo, las nuevas denuncias y el conflicto ocurrido
en el río Boopi evidencian que las acciones de fiscalización no han logrado
despejar las dudas de los pobladores sobre la legalidad de determinadas
operaciones.
Para
los comunarios que cuestionan la actividad minera, la falta de una respuesta
institucional oportuna se convirtió en uno de los argumentos para intervenir
directamente en el campamento señalado.
La
autoridad minera, entretanto, deberá determinar técnicamente qué actividades
cuentan con autorización y cuáles operan al margen de la normativa. Si se
comprueba la existencia de minería ilegal, la AJAM señala que corresponde
aplicar las medidas previstas por ley y remitir los antecedentes a las
instancias competentes.
El
desafío inmediato será recuperar la capacidad de fiscalización en una zona
donde el conflicto social ya escaló y donde existen versiones contrapuestas
entre los pobladores. La intervención anunciada por la AJAM, en coordinación
con la Policía y la Fiscalía, tendrá no solo que establecer la situación
jurídica de las operaciones mineras, sino también contribuir a devolver
certidumbre a una población que reclama conocer quién puede explotar legalmente
los recursos minerales en su territorio.
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