DE MANERA PÚBLICA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Cámara de Diputados conminó públicamente a exparlamentarios de la anterior gestión a devolver equipos de propiedad del Estado que les fueron asignados, sin embargo, los exlegisladores cuestionaron la medida y exigieron conocer previamente si existe un proceso y debido proceso.
La conminatoria fue publicada en la prensa y está dirigida a exdiputados titulares y suplentes, representantes supraestatales de las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana, Creemos y otras agrupaciones políticas, además de exservidores públicos involucrados.
Ingvar
Ellefsen, representante de los exparlamentarios, afirmó que la publicación tomó
por sorpresa a los exlegisladores de las distintas fuerzas políticas de la gestión
pasada, debido a que no fueron notificados previamente sobre ningún proceso.
“Uno
no puede ser juzgado en ausencia, uno no puede ser sentenciado sin el debido
proceso”, afirmó Ellefsen, al explicar que los exparlamentarios presentaron más
de 300 notas dirigidas al Oficial Mayor y al presidente de la Cámara de
Diputados para solicitar información sobre las presuntas obligaciones
pendientes.
Según
el representante, cada exparlamentario elaboró y firmó su propia nota, mientras
que él se encargó de presentar los documentos ante la ventanilla única.
Ellefsen
cuestionó además el contenido de la conminatoria porque, según dijo, no
identifica de manera suficiente los bienes que supuestamente deben ser
restituidos. “En la conminatoria no dice, no dice en ninguna parte qué nos
están conminando”, sostuvo.
El
representante afirmó que los legisladores, al concluir sus funciones,
solicitaron por escrito información sobre posibles obligaciones pendientes y
que cuentan con certificados que acreditan que no tenían bienes por devolver.
Respecto
a su situación particular, Ellefsen señaló que extraoficialmente conoció que la
eventual obligación estaría relacionada con teléfonos celulares entregados bajo
la modalidad de comodato. Sin embargo, aclaró que responderá sobre ese punto
cuando exista una comunicación oficial y se respete el debido proceso.
El
representante también cuestionó una presunta nueva normativa sobre bienes de la
Cámara que, según dijo, habría sido elaborada y aprobada por el actual Oficial
Mayor. A su juicio, esa actuación correspondería a otras instancias de la
Cámara y podría implicar una vulneración de la separación de funciones.
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