AVIÓN SINIESTRADO
EL ALTO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La diputada Lisa Claros cuestiona la falta de claridad sobre el origen y destino de los recursos y advierte que la Asamblea mantendrá su rol de fiscalización.
La
subjefa de bancada de la opositora Alianza Libre, Lisa Claros, anunció que este
lunes formalizarán una Petición de Informe Oral dirigida al presidente del
Banco Central de Bolivia, David Espinoza, para que explique con precisión el
origen y destino del dinero que era transportado en el avión que sufrió el
siniestro.
En
declaraciones al programa Hagamos Democracia de la red ERBOL, la legisladora
sostuvo que los comunicados oficiales emitidos tras el accidente generaron
“zozobra, inseguridad e incertidumbre” en la población, particularmente en lo
referido a la validez de los billetes de la Serie B.
Claros
señaló que persisten varias interrogantes en torno al manejo de los recursos:
cuál era el destino específico de los montos trasladados, por qué esos billetes
aún no estaban en circulación y cuál es el procedimiento técnico para su
monetización e incorporación al sistema financiero. A su juicio, estos aspectos
deben ser aclarados de forma pública y detallada.
La
parlamentaria también remarcó que, pese a la suspensión de la interpelación al
ministro de Hidrocarburos prevista para el martes, la Asamblea Legislativa
conserva plenamente su facultad constitucional de fiscalización sobre el Órgano
Ejecutivo. Aseguró que no existe impedimento legal para activar mecanismos de
control como la petición de informe oral.
En
relación con el titular de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, indicó que su
bancada ya definió una postura favorable a impulsar una censura motivada debido
a su inasistencia a la sesión convocada la pasada semana. De aprobarse esa
medida, agregó, la autoridad debería ser destituida sin posibilidad de
restitución.
Finalmente,
Claros recordó que las interpelaciones están previstas en la Constitución
Política del Estado y que los exhortos del Tribunal Constitucional sobre el
tema ya fueron atendidos mediante iniciativas legislativas en ambas cámaras,
por lo que —según afirmó— no existirían argumentos jurídicos ni administrativos
para limitar esta atribución del Legislativo.
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