Caso
Terrorismo
Eduardo Rózsa Flores-Hotel Las Américas. Foto: Internet. |
BENI, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Este jueves 16 de abril se cumplen seis años de un operativo
policial que se cumplió en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz,
donde murieron tres extranjeros y dos fueron detenidos. Con el tiempo, el
Gobierno los acusó de ser parte de una célula terrorista y que llegaron a
Bolivia con fines separatistas. Esa acusación, dio lugar a una “cacería” de
líderes cívicos y políticos cruceños.
Pero
a 72 meses del polémico caso Terrorismo I, el mismo fiscal que investigó tres
años el caso, Marcelo Soza Álvarez, se encuentra refugiado en Brasil, tras
revelar -desde Brasilia- que el caso fue un montaje del gobierno para
descabezar a la oposición cruceña.
El
exfiscal entregó -el 25 de abril de 2014- el documento titulado Declaración al
Consejo Nacional del Refugiado – Conare de Brasil, acompañado de 118 pruebas,
entre ellas extracto de llamadas,
grabaciones y fotografías que respaldan un supuesto montaje y
seguimiento al caso que realizaba el presidente Evo Morales.
En
ese informe se menciona además cómo “el caso era manejado desde la
vicepresidencia del Estado, a cargo de Álvaro García Linera, su hermano Raúl
García, y agentes del Ministerio de Gobierno, que fabricaron un testigo como
Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, quien de hombre clave pasó a ser delator del
gobierno”.
Soza
–desde Brasil- retó meses atrás a Morales y García Linera someterse a la prueba
del polígrafo para que el pueblo boliviano conozca quién miente; sobre la
teoría que todo el caso fue armado desde el gobierno. Las pruebas fueron las
declaraciones del mismo Villa Vargas, quien admitió que el atentando a la casa
del Cardenal Julio Terrazas fue una obra suya, junto a policías por instrucción
del Ministerio de Gobierno.
El
exrepresentante del Ministerio Público reveló ante el Conare brasileño que el
otro testigo -traído desde la Argentina por el exministro Sacha Llorenti- fue
Juan Kudelka para implicar al ex líder cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic,
también refugiado en Brasil.
En
todo caso, el fin era salir libre por acuerdo con Llorenti; algo que no ocurrió
porque Kudelka pasó 5 años y medio en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Traslado
A
casi un año de la fuga de Soza, el teniente de Policía José Juan Laguna
-excustodio de Soza que también pidió refugió a Brasil alegando persecución
política- declaró a Erbol que el principal cabecilla del caso terrorismo I, el
húngaro-boliviano, Eduardo Rozsa Flores, fue traído desde España por el ex
comandante general de la Policía, Jorge Santiestaban.
El 6
de junio de 2014, el ex director de Régimen Interior, Boris Villegas, quien
condujo los operativos policiales de detención a los acusados, afirmó que “todo
lo declarado por el ex fiscal, Marcelo Soza, ante el Conare de Brasil, es
verdad”.
Denuncia
de encubrimiento
La
senadora Carmen Eva Gonzales, a tiempo de evaluar los seis años del caso
terrorismo, mostró su extrañeza por qué la Fiscalía General del Estado incurrió
en acciones de encubrimiento al no investigar el caso del “video soborno”, las
denuncias de montaje y quién trajo a Rozsa Flores, Michael Dwyer y Arpad
Magyarosi, abatidos en el hotel Las
Américas.
En un
denominado “video soborno” que presentó la parlamentaria se observa al exagente
del Ministerio de Gobierno, Carlos Núñez del Prado “entregando a Villa Vargas
“El Viejo” 33.000 dólares para que huya
a la Argentina tras firmar una declaración donde acusa a varios líderes
cruceños”. Sin embargo, el mismo Villa Vargas confesó que ese dinero le fue
confiscado por los mismos agentes
“Lo
mismo ocurre –dijo Gonzales– con la Cancillería donde David Choquehuanca se
niega a certificar la “Carta al Pueblo de Bolivia” que entregó Marcelo Soza, en
la que ratifica el montaje. Además de los informes forenses -enviados por el
Gobierno de Irlanda- que señalan que Dwyer fue ejecutado”.
Gonzales
manifestó que la comisión de fiscales en lugar de investigar los hechos se
dedicó a ofrecer a los imputados juicios abreviados y darles sentencias
“benévolas”, con el fin de tener el discurso de que todo está probado, tal como
se difundió en una reciente separata financiada por el Gobierno, en el que el
fiscal Sergio Céspedes, “se explaya en elucubrar sobre algo que sólo existe en
la cabeza del gobierno”.
Lamentó
que hasta la fecha, “la fiscalía tampoco haya tomado la decisión de investigar
al gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, acusado por Mario Tadic y
Elöd Töasö, de haberlos traído junto a Eduardo Rozsa Flores para activar el
caso terrorismo y desatar la persecución a líderes y empresarios cruceños
opositores al gobierno, entre ellos, Guido Nayar, Branko Marinkovic, entre
otros”.
Gonzales
anunció que tomará acciones de fiscalización para evitar que la fiscalia sea
cómplice de ese montaje gubernamental con fines políticos que destruyeron
familias en Santa Cruz.
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