ESPECIALISTA EDUARDO FORNO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Bolivia enfrenta un escenario de riesgos ambientales asociado a los efectos del fenómeno del “Súper” Niño 2026-2027, la deforestación y la creciente vulnerabilidad de sus ecosistemas según el director de Conservación Internacional, Eduardo Forno.
En
declaraciones a ERBOL, el especialista advierte que las lluvias intensas
podrían provocar inundaciones en la Amazonía y los valles, mientras que las
condiciones de sequía en el oriente y el sur del país elevan la preocupación
por la propagación de incendios forestales.
Frente
a esos riesgos, plantea la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y
recuperar las capacidades institucionales para anticiparse a los desastres, en
lugar de concentrar los esfuerzos cuando las emergencias ya han adquirido
grandes dimensiones.
Al
referirse a los posibles efectos del “Súper” Niño en el altiplano, Forno
recuerda el impacto del fenómeno registrado en 1983. “Tuvimos un fenómeno del
Niño brutal, que causó, yo creo, el efecto más grande de pobreza en el
altiplano boliviano”, señala, al advertir que podrían presentarse condiciones
similares.
Sin
embargo, considera que la sociedad boliviana tiene hoy mayores posibilidades de
afrontar una crisis de esa naturaleza. “La sociedad boliviana es mucho más
resiliente ahora que el 83”, afirma. Atribuye esa capacidad a una economía más
diversificada y a una sociedad menos pobre que entonces, aunque reconoce que
persisten profundas dificultades sociales.
La
deforestación agrava los riesgos de inundaciones
En
la Amazonía y los valles, Forno identifica un escenario más impredecible,
debido a la posibilidad de lluvias intensas en las zonas cordilleranas
orientadas hacia la región amazónica. Estas precipitaciones podrían generar
inundaciones y desastres en territorios cada vez más expuestos por la pérdida
de cobertura vegetal.
“Porque
la cobertura vegetal no es la que teníamos en el pasado y el agua va a
arrastrar lo que encuentre a su paso”, explica.
Desde
esa perspectiva, la protección de los bosques y las cuencas no constituye
solamente una medida de conservación ambiental, sino también una estrategia
para proteger a las poblaciones y las actividades productivas ubicadas aguas
abajo.
Forno
advierte, además, sobre la magnitud de la deforestación en Bolivia y sus causas
estructurales. En su análisis, los incentivos económicos que favorecen la
destrucción de los bosques, la falta de transparencia y las debilidades
institucionales contribuyen a perpetuar el problema.
“Somos
el segundo país en el mundo con más deforestación después de Brasil, per cápita
de lejos el primero en bosques tropicales”, sostiene.
La
prevención puede reducir los incendios
En
el sur de Bolivia, particularmente en Roboré, el sur de la Chiquitania y el
Chaco, existe la posibilidad de que vuelvan a registrarse incendios de gran
magnitud porque, según Forno, las zonas afectadas anteriormente por el fuego
mantienen materia seca que puede favorecer nuevos focos durante los periodos de
sequía.
La
experiencia de 2023, cuando un frente de fuego avanzó por el norte de la
Chiquitania, ilustra las dificultades para controlar incendios que adquieren
una escala extraordinaria.
“Una
vez que el fuego avanza poco se puede hacer”, advierte, al destacar que las
principales pérdidas recaen sobre los productores, los animales y los
ecosistemas que proporcionan agua.
Frente
a ese escenario, identifica experiencias de coordinación local que muestran
resultados alentadores. Menciona el trabajo desarrollado en Roboré, San José de
Chiquitos y Charagua, donde municipios, actores locales, las Fuerzas Armadas y
organizaciones ambientales articularon esfuerzos para enfrentar el fuego.
Destaca
particularmente la participación de la Fundación Amigos de la Naturaleza y
Nativa en la construcción de mecanismos de coordinación entre los distintos
actores.
Según
las cifras mencionadas por Forno, en las zonas donde se desarrollaron estas
experiencias la superficie afectada por los incendios se habría reducido de entre
700.000 y 800.000 hectáreas a alrededor de 40.000 hectáreas. El resultado,
sostiene, demuestra que es posible reducir los daños cuando existe preparación
y coordinación.
“Hay
éxito, se puede, pero eso ha sido prevención, saber qué pasa, entender los fuegos”,
afirma.
Un
plan no garantiza su implementación
Forno
considera que Bolivia cuenta con un plan de prevención y control de incendios
que califica como el mejor que ha tenido el país, pero el principal desafío
consiste en garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio. “El plan
es una cosa. Implementarlo es otra cosa”, enfatiza.
A
su juicio, algunas regiones tienen experiencia acumulada para ejecutar acciones
preventivas, mientras que otras, como el norte de la Chiquitania, deberán
desarrollar capacidades de coordinación que todavía son insuficientes.
Por
ello, plantea prepararse más allá de la emergencia inmediata. Esta tarea,
añade, no puede recaer exclusivamente en el Gobierno central. Requiere la
participación de las entidades territoriales autónomas, las comunidades, los
productores y las organizaciones de la sociedad civil.
El
especialista también observa dificultades de comunicación y debilidad
institucional en la gestión pública. Aunque reconoce la voluntad del nuevo
Gobierno para enfrentar estos problemas, considera que la
desinstitucionalización acumulada durante años limita la capacidad de respuesta
y hace necesario reconstruir mecanismos de gestión y fiscalización ambiental.
En
su criterio, la prevención también exige que la población tome conciencia de
los efectos que una quema puede desencadenar en condiciones ambientales
distintas a las de décadas anteriores, debido al cambio climático y a la mayor
sequedad de los ecosistemas.
Finalmente,
advierte sobre la relación entre el deterioro ambiental y otras actividades
ilícitas que pueden debilitar la institucionalidad. Entre sus principales
preocupaciones menciona el crimen organizado vinculado con la minería, el
narcotráfico, la deforestación y la trata de personas.
Para
Forno, el desafío consiste en recuperar capacidades estatales, fortalecer la
coordinación entre los distintos niveles de gobierno y preparar al país antes
de que ocurran nuevas emergencias. La protección de las cuencas y los bosques,
la prevención de incendios y la participación ciudadana son componentes
esenciales de una estrategia que permita reducir los impactos sociales,
económicos y ambientales de los fenómenos climáticos.

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