GOBIERNO DENUNCIA SECUESTRO DE TRABAJADORES DE YPFB TRAS TOMA DE INSTALACIONES PETROLERAS EN SANTA CRUZ

34 DÍAS DE BLOQUEO

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Correo Del Sur).- Vocero advierte que los hechos “exceden la protesta social” y confirma aprehensión de 10 personas vinculadas al caso.

El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la noche de este miércoles un nuevo hecho de violencia en instalaciones petroleras de Santa Cruz, donde —según informó— trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron secuestrados tras una segunda irrupción de grupos movilizados.

 

El reporte surge después de que se lograra recuperar un pozo de bombeo que había sido tomado previamente, situación que obligó a paralizar parte de la producción de gas en la zona.

 

“Lo complicado, lo triste, lo inapropiado es que, y esto denunciamos de manera específica, que nuevamente hay personas que estuvieron en esta acción, que entraron nuevamente a la empresa y secuestraron a funcionarios de Yacimientos, a personas trabajadoras”, manifestó Gálvez en conferencia de prensa.

 

La autoridad remarcó que estos hechos no pueden ser considerados parte de una protesta legítima, sino que constituyen delitos que deberán ser procesados por la justicia. En ese marco, calificó la ocupación de la infraestructura como “abusiva y violenta”, subrayando que se trata de instalaciones estratégicas del Estado.

 

De acuerdo con la denuncia oficial, la toma derivó en el cierre de válvulas de producción de gas, afectando temporalmente las operaciones. No obstante, posteriormente se logró restablecer el funcionamiento y el personal retomó sus labores.

 

“Las protestas siempre serán respetadas. El crimen tiene que ser castigado, en esta ocasión y en todas”, afirmó el vocero, quien también advirtió que “todas las acciones criminales siempre van a recibir una respuesta firme, fuerte por parte del Gobierno nacional”. En esa línea, insistió en que no se puede justificar hechos delictivos bajo el argumento de la protesta social.

 

Por su parte, el fiscal Juan Carlos Crispin informó que al menos 10 personas adultas fueron aprehendidas y se encuentran en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Los implicados podrían enfrentar cargos por daño calificado, atentado contra la libertad de trabajo, entre otros delitos.