RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La justicia paceña activó un proceso coactivo fiscal contra el exgobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi y otras autoridades, por un presunto daño económico al Estado vinculado al proyecto de construcción y habilitación de la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas.
El Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal de La Paz notificó el pasado 25 de febrero a la exautoridad sobre el inicio del proceso judicial, luego de establecerse indicios de responsabilidad civil por la falta de continuidad a las acciones necesarias para que la infraestructura aeroportuaria entre en funcionamiento.
El
caso se sustenta en el Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-046/2022
emitido por la Contraloría General del Estado de Bolivia, que determina un
presunto daño económico de Bs 42.358.401,67 al Estado. Según el informe, la
responsabilidad sería de carácter solidario entre Patzi, el exgobernador César
Cocarico y el exsecretario departamental de Infraestructura y Obras Públicas
Eduardo Pastén Gironda.
De
acuerdo con el documento, el proyecto denominado Construcción y Habilitación de
la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas, iniciado el 8 de noviembre de 2010 con un
presupuesto de Bs 43,5 millones, se ejecutó sin contar previamente con los
estudios de preinversión correspondientes. Asimismo, se observó que el proceso
de contratación se realizó bajo la modalidad “llave en mano”, pero con
limitaciones en su alcance.
El
informe detalla que el contrato contemplaba únicamente el diseño final de
ingeniería y la construcción de la obra civil, dejando pendiente la fase de
puesta en marcha, que incluía el equipamiento de la terminal, la dotación de
personal especializado y la obtención de certificaciones necesarias para
iniciar operaciones aéreas.
Según
la auditoría, durante la gestión de Patzi no se realizaron las gestiones
necesarias para completar estas etapas, ni se iniciaron acciones legales o
administrativas contra las autoridades que habrían limitado el alcance del
proceso de contratación.
Una
inspección realizada el 17 de agosto de 2021 estableció que la terminal no
entró en funcionamiento y que la infraestructura presenta deterioros por falta
de mantenimiento.
El
dictamen de la Contraloría señala que las acciones y omisiones identificadas en
la auditoría constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria por la
pérdida de activos y bienes del Estado, atribuida a negligencia e
irresponsabilidad de los funcionarios encargados de su administración.
En
base a este informe, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz inició el
proceso coactivo fiscal contra las exautoridades involucradas. En el caso de
Patzi, la notificación fue realizada en su último domicilio registrado en la
localidad de Puerto Acosta.
El
proceso judicial se encuentra actualmente en fase inicial y se prevé que en los
próximos días se dispongan medidas patrimoniales, entre ellas el embargo de
bienes, con el objetivo de garantizar la recuperación de los más de 42 millones
de bolivianos presuntamente ocasionados como daño económico al Estado.
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