PRONUNCIAMIENTO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó su preocupación por la difusión de contenidos polémicos en una entrevista realizada a la candidata a la Alcaldía de Tarija, Luciana Campero, que fueron observados por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) por un posible incumplimiento de la normativa electoral vigente.
Mediante un pronunciamiento público, la institución defensorial recordó que los procesos electorales deben desarrollarse en un ambiente de respeto, pluralismo y tolerancia, donde el debate político se base en propuestas y argumentos, evitando la descalificación personal, la estigmatización o la difusión de mensajes que puedan promover discriminación o violencia simbólica.
La
Defensoría subrayó además el papel clave que cumplen los medios de comunicación
durante las campañas electorales, al considerar que su trabajo incide
directamente en la calidad del debate público y en la formación de la opinión
ciudadana.
En
ese sentido, la institución destacó que los medios tienen una responsabilidad
ética y social de contribuir a un debate informado y respetuoso, evitando la
difusión de contenidos que puedan vulnerar derechos humanos o fomentar
discursos de odio, especialmente en momentos en los que la ciudadanía toma
decisiones importantes sobre la conducción de la gestión pública.
Ante
este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó a los actores políticos,
candidatas y candidatos, así como a los medios de comunicación, a adecuar sus
actuaciones a la normativa electoral y a los estándares de derechos humanos,
con el objetivo de evitar la propagación de mensajes discriminatorios,
desinformación o manifestaciones de violencia política.
La
institución también reiteró su compromiso de monitorear el desarrollo del
proceso electoral y de velar por el respeto de los derechos fundamentales, la
igualdad y la no discriminación.
La
Defensoría del Pueblo es la institución nacional encargada de la promoción y
defensa de los derechos humanos en Bolivia, con plena independencia de los
órganos del Estado, y tiene el mandato de garantizar la vigencia de los
derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales.
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