FISCALÍA EXIGE PRUEBAS A INDÍGENAS QUE DENUNCIAN CONTAMINACIÓN MINERA Y GENERA PREOCUPACIÓN POR POSIBLE AMEDRENTAMIENTO

PANDO

EL ALTO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) cuestiona que el Ministerio Público traslade a los pueblos indígenas la responsabilidad de demostrar los daños ambientales que vienen denunciando desde hace años. La organización advierte sobre el riesgo de criminalización de sus dirigentes, que reclaman acciones estatales frente a la minería ilegal en el río Madre de Dios.

 

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Pando conminó a la CIPOAP a presentar, en un plazo de 24 horas y bajo advertencia de consecuencias penales por incumplimiento, estudios de laboratorio sobre contaminación por mercurio y otros metales en el río Madre de Dios, además de identificar a los dirigentes que suscribieron una resolución de emergencia y entregar documentación sobre una asamblea indígena realizada en septiembre de este año.

 

El requerimiento, emitido en el marco de una investigación penal de oficio por presunta explotación ilegal de recursos minerales, ha generado preocupación por la posible vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el riesgo de amedrentamiento contra quienes denuncian los impactos ambientales de la actividad minera y exigen la intervención del Estado para proteger sus territorios.

 

Entre la documentación solicitada figuran estudios de cabello, sangre y orina elaborados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en 2023 y 2024; los nombres de los representantes que firmaron la Resolución de Asamblea de Emergencia Nº 1/2026; una copia legalizada de ese documento; informes sobre los lugares donde presuntamente se desarrollan actividades mineras ilegales y existe contaminación por mercurio, plomo, zinc y arsénico; y antecedentes sobre el retiro de balsas mineras de comunidades indígenas afectadas.

 

Pese al reducido plazo otorgado, la CIPOAP presentó este viernes su respuesta formal ante el Ministerio Público. La organización manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones, pero cuestionó que se pretenda trasladar a los pueblos indígenas la carga de demostrar una problemática que, según afirma, ha sido denunciada durante años y puesta en conocimiento de distintas instituciones estatales.

 

“No aceptamos que quienes hemos denunciado la minería ilegal terminemos siendo tratados como si fuéramos parte del problema”, señala el pronunciamiento público difundido por la organización al responder al requerimiento fiscal.

 

La dirigencia indígena, encabezada por Javier Fernández, recordó que las denuncias sobre el río Madre de Dios también forman parte de actuaciones ante el Tribunal Agroambiental. En esa instancia fue admitida una Acción Ambiental Preventiva y se dispusieron medidas precautorias y actuaciones de control relacionadas con las actividades mineras.

 

Derechos indígenas bajo presión

 

Uno de los aspectos más cuestionados es la exigencia de identificar a los dirigentes que suscribieron la resolución de emergencia y entregar documentación generada en los espacios de deliberación de la organización. Para la CIPOAP, sus resoluciones y decisiones asamblearias forman parte del ejercicio de sus derechos colectivos, de sus mecanismos de organización y de defensa territorial reconocidos por la Constitución Política del Estado.

 

En este contexto, la exigencia fiscal de identificar a los responsables de convocar o suscribir decisiones colectivas, acompañada de un plazo perentorio y advertencias de consecuencias penales, puede generar un efecto intimidatorio sobre la dirigencia indígena y desalentar la denuncia de actividades que amenazan sus territorios. La organización reclama que cualquier requerimiento relacionado con sus estructuras organizativas esté debidamente fundamentado y respete sus derechos.

 

La controversia plantea, además, un problema de responsabilidades institucionales: mientras los pueblos indígenas exigen que el Estado investigue la minería ilegal y determine sus impactos, las autoridades fiscales les requieren información técnica y documental para sustentar las denuncias. La CIPOAP cuestiona que se pretenda atribuir a las organizaciones territoriales la responsabilidad de establecer qué operaciones mineras son legales o ilegales, una competencia que corresponde a las entidades estatales, entre ellas la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dentro de sus atribuciones.

 

La organización aclaró que entregará la información que esté en su poder y que no se opone a una investigación seria. Sin embargo, pidió que la relación con las autoridades indígenas se base en la coordinación, la cooperación y el respeto institucional, y no en mecanismos que puedan interpretarse como presión o amenaza.

 

Denuncias que exigen respuestas del Estado

 

El conflicto se produce en medio de las denuncias reiteradas de comunidades indígenas y organizaciones territoriales sobre los impactos ambientales de la minería aurífera en el río Madre de Dios y otros cursos de agua de la Amazonía boliviana, particularmente por el uso de mercurio en la explotación de oro.

 

Tras varios años de reclamos, la Fiscalía de Pando inició una investigación penal de oficio por presunta explotación ilegal de recursos minerales. Sin embargo, el tratamiento de las denuncias plantea interrogantes sobre la respuesta institucional frente a las demandas indígenas de protección ambiental.

 

Los pueblos indígenas no solo reclaman que se investigue la posible contaminación de sus territorios, sino también que las autoridades actúen para prevenir daños, controlar las operaciones mineras y establecer responsabilidades. En ese escenario, cualquier actuación fiscal debe garantizar que la búsqueda de información no se convierta en un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen su derecho a denunciar y defender su territorio.

 

La investigación debe esclarecer los hechos denunciados, determinar las responsabilidades que correspondan y contribuir a la protección ambiental, sin invertir la carga de la respuesta estatal ni colocar bajo sospecha a las organizaciones indígenas que exigen el cumplimiento de las obligaciones públicas.